Ley de Fundaciones es estigmatizante y debe ser archivada, según Fundamedios
Según Valentina Centeno, legisladora del oficialismo y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, las economías criminales mueven cerca de USD 30.000 millones anualmente en Ecuador, dinero que -afirmó- se mueve a través de organizaciones sociales sin fines de lucro.
La organización Lupa Media desmintió esa información, señalando la falta de evidencia en las declaraciones de Centeno. En un reciente informe, Lupa Media señala que algunos estudios estiman montos menores (alrededor de USD 4.000 millones). Además, recordó que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, informó que en los primeros cinco meses de 2025 se reportaron USD 600 millones en operaciones inusuales a la Fiscalía General del Estado.
"La cifra alegada por la legisladora Centeno equivaldría al 83% del Presupuesto General del Estado 2025", apuntó la organización.
En NotiMundo al Día, César Ricaurte, director de Fundamedios, expresó su preocupación y la de varias organizaciones de la sociedad civil frente a la Ley de Fundaciones, señalando que el proyecto estigmatiza el trabajo de las mismas, que trabajan con un capital social "enorme", y que no funcionan como un vehículo de lavado de dinero, como se afirma desde el Gobierno y la bancada de ADN.
Ricaurte recordó que las principales actividades utilizadas para el lavado de dinero es la minería ilegal, el narcotráfico y toda su logística, la comercialización ilegal de combustibles, entre otras. "Los informes que hemos consultado e incluso la UAFE, señalan que las organizaciones de la sociedad civil son un sector de riesgo medio-bajo para esta actividad", apuntó.
En este sentido, expresó su rechazo a la narrativa del Gobierno de Daniel Noboa y recordó la importancia de estas organizaciones en el país. A su criterio, el argumento de la normativa es débil y sin sustento, pues hasta el momento no se ha podido identificar una fuente confiable para verificar los datos.
Ricaurte insistió en que esta ley no atacará el lavado de activos en el país, por lo que consideró que se este proyecto debería ser archivado. Destacó que desde la sociedad civil siempre estarán abiertos a las propuestas del Gobierno, pero insistió en que "no se puede meter en el mismo saco a todos".
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