Trámite legislativo
Con cambios de última hora en el informe para el segundo debate que no tienen relación con la propuesta original, sin incluir aportes de la sociedad civil, ni de los grupos políticos de la Asamblea Nacional, la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados; un sector de Pachakutik y de los independientes, aprobó la cuarta ley económica urgente del Ejecutivo.
El proyecto de Ley de Transparencia Social o Ley de Fundaciones tuvo el respaldo de 78 votos, de los 77 que necesitaba ADN para aprobar el texto.
Los 66 votos en contra provinieron del correísmo, del PSC y de una faccción de Pachakutik.
En el texto, que será remitido al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Registro Oficial, se incluyeron reformas que no constaron el informe del primer debate.
Alfredo Serrano, de las filas del Partido Social Cristiano (PSC) cuestionó que en el texto para el segundo debate no se incorporó las propuestas de su agrupación político, pero se añadió reformas a la Ley de Minería con la caducidad de derechos mineros.
La propuesta, por ejemplo, modifica los plazos de defensa y subsanación en caso de haber incurrido en una de las causales de caducidad.
El titular del derecho minero tendría 15 días para presentar las pruebas de que no ha incumplido y entregar sus descargos. Actualmente, el plazo es de 45 días. De encontrarse situaciones subsanables, el plazo será de 15 días y no 60, como dice la actual ley.
También se incorporaran reformas al Código Tributario, al Código de Planificación de la Finanzas Públicas ,y a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
En la ley se crea la Disposición Transitoria Sexta para exonerar del pago de multas y recargos a las empresas en liquidación que le deben la IESS.
"El IESS no pertenece al Gobierno de turno, el IESS pertenece a los afiliados", dijo Serrano.
La Disposición Transitoria incluye obligaciones de capital adeudado, intereses, multas y recargos.
Serrano aclaró que el artículo 372 de la Constitución señala que los fondos y recursos del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos a los del Fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y funciones. Y ninguna institución del Estado podrá intervenir, ni disponer de sus fondos, ni reservas, ni menoscabar su patrimonio.
"Por eso, a ninguna Asamblea se le ha ocurrido meterse a disponer de los recursos del IESS", recordó Alfredo Serrano, quien remarcó que la disposición transitoria sexta es inconstitucional "y no se lo va a resolver con una marcha contra la Corte Constitucional".
Los asambleístas tienen la obligación de respetar lo que ordena la Constitución. "No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados de este país", pidió Serrano en el debate.
Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), también increpó que, a última hora se hayan aumentado reformas tributarias y financieras "a la medida" .
Preguntó a los legisladores de Pachakutik si van a permitir que se legitime la persecusión política para solicencia a las organizaciones sociales críticas a este Gobierno. "El objetivo es que se silencie a la Conaie,, a la Ecuarunari; ese es el plan".
A su criterio, con esta iniciativa se busca blindar politicamente a funcionarios del Gobierno y sus familiares para prohibir que sean auditados o que se realicen revisiones de oficio, o se elimine la trazabilidad dentro de las investigaciones tributarias para que luego, no sirvan como argumento o base de futuras investigaciones administrativas.
"Con la ley se pretende institucionalizar la impunidad a los poderosos de este país; esto es lo que esconde la ley, esto no es transparencia, es seguir entregando beneficios a los que tiene excesivos privilegios", subrayó.
ADN y sus aliados dicen que sí hubo debate
Mishel Mancheno (ADN) y sus aliados defiende la propuesta que, dicen, tiene por objeto promover la transparencia en las Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro que operan en territorio nacional, así como fortalecer el control estatal para prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capitales, entre otros.
Destacaron el amplio debate y los aportes recibidos que permitieron fortalecer la iniciativa. "Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales", dijo.
Además, señaló que el proyecto se justifica en investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. "El deber de la Asamblea Nacional es elevar la política pública de transparencia a estándares internacionales", destacó al respecto.
El proyecto, en su artículo 7, propone criterios de calificación para garantizar la adecuada aplicación de los mecanismos de control que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria aplicará sobre las organizaciones que operen en el Ecuador, según su nivel de riesgo.
Para su clasificación, el ente rector aplicará criterios como; volumen de recursos administrados; origen de los fondos nacionales o internacionales, públicos o privados; alcance territorial de sus intervenciones; resultado de evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional, entre otros.
Aseguró que la Disposición General Primera prohíbe la persecución política a las organizaciones sociales sin fines de lucro. "Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley, lo es la transparencia y el control de flujos irregulares de recursos".
La disposición en mención hace referencia a que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.