Medidas en seguridad
Pese a que la Asamblea trató, en segundo debate, la Ley de Inteligencia, la normativa fue devuelta a la Comisión de Seguridad, la cual cuenta con 8 días para elaborar el texto final.
El director del programa Orden, Conflicto y Violencia, Luis Córdova, advirtió que esta propuesta caería un carácter restrictivo desde distintos aspectos. Uno de ellos, dijo, es la eliminación de controles de carácter político en la Legislatura. Incluso, la propia Comisión de Seguridad no podría fiscalizar los gastos reservados, destinados a operaciones de inteligencia y contrainteligencia. A esto, se suma un impedimento a la Contraloría para revisar o difundir información que no corresponde al periodo en curso.
Otra de las amenazas, según Córdova, es la habilitación para que información que reposa en el ámbito de telecomunicaciones y el ciberespacio pueda ser recolectada por las autoridades con fines de inteligencia. Algo que, alertó, otorgaría a los organismos de seguridad la capacidad para vulnerar el derecho a la privacidad ciudadana.
De acuerdo con Córdova, la discrecionalidad que se abre a partir de esta iniciativa supone un mal enfoque del Gobierno para abordar la problemática de la inseguridad. Consideró que, tanto la Ley de Inteligencia, como la reforma para permitir la instalación de bases militares extranjeras, son parte de una "política errática" que parte de improvisaciones. Algo que, según dijo, ya no puede atribuirse a un Ejecutivo que asumió un periodo completo de cuatro años.
"Estamos en una situación tan crítica en la que no se puede seguir ensayando (...) los dos proyectos de ley son expresión de una política errática que no tiene objetivos estratégicos claros", cuestionó.
Para Córdova, el Gobierno debería iniciar por una depuración de elementos 'contaminados' en el Estado, en una propuesta que, recordó, no se contempla en las dos anteriores normativas. A esto, dijo, debe ejecutarse un rediseño institucional de los organismos de seguridad ante modelos "caducos" implementados en el pasado.
Además, destacó la importancia de fortalecer los análisis a nivel financiero para atacar la economía criminal y sus nexos con firmas de fachada. Esto, precisó, complementaría las acciones en territorio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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