Ley de Solidaridad Nacional enfrenta demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional
La Ley de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional con 84 votos, ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC). La acción fue interpuesta el pasado 13 de junio por Gabriel René Salvador Lema, quien cuestiona la legalidad y el alcance de varios artículos de la normativa.
El caso fue asignado al despacho de la jueza constitucional Teresa Nuques, quien deberá analizar el contenido de la demanda y determinar si la ley se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución ecuatoriana.
Entre los argumentos planteados, Salvador sostiene que la ley vulnera el principio de supremacía constitucional, al otorgar facultades excepcionales al presidente por fuera de lo establecido en la carta magna. Además, objeta la unidad de materia de la norma, que incluye temas diversos como seguridad, indultos diferidos y incentivos tributarios, sin una conexión lógica entre ellos.
El demandante también rechaza el reconocimiento del conflicto armado interno contenido en la ley, señalando que no se cumplen los criterios estipulados en el Derecho Internacional Humanitario, particularmente en el Tratado de Ginebra de 1949, que ha sido ratificado por Ecuador.
Otro punto cuestionado es la figura del indulto presidencial con efecto diferido, la cual —según Salvador— no está contemplada en los términos establecidos por la Constitución, que exige una sentencia ejecutoriada para su aplicación, sin excepciones.
Finalmente, el escrito de la demanda señala que los beneficios tributarios incluidos en la ley contravienen el principio de progresividad y equidad fiscal, al favorecer de manera selectiva a ciertos sectores que realicen donaciones a entidades de seguridad.
Salvador solicita a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la norma en su totalidad y que la expulse del ordenamiento jurídico ecuatoriano.