Ley de Solidaridad Nacional violentaría la Constitución y vulneraría derechos, alerta el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha
En NotiMundo al Día, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenade), expresó el respaldo del gremio para el combate a los grupos criminales que operan en el país, así como a sus economías, en el marco del conflicto armado interno.
Sin embargo, insistió en que esa lucha debe enmarcarse en la Constitución de la República y el respeto a los derechos humanos. Una de las principales preocupaciones, dijo, es que se podría vulnerar la jerarquía constitucional, al tratar de modificar ciertos principios establecidos en la Carta Magna.
Ocaña recordó que en el Art. 140 de la Constitución se trata sobre los proyectos urgentes en materia económica, y los requisitos que deben cumplirse para tener este carácter. No obstante, la actual iniciativa, remitida por el presidente Daniel Noboa, no se enmarca en la Constitución, "toda vez que se habla mucho de seguridad y orden público".
Por otro lado, señaló que a través de este proyecto se buscaría que el primer mandatario, mediante un decreto ejecutivo, pueda declarar el conflicto armado interno, lo que implicaría la introducción de una figura autónoma, distinta al estado de emergencia. Esto daría pie a una declaratoria de este tipo, sin control de la Corte Constitucional y con esto una violación al principio de separación de poderes.
Otros de los derechos que vulneraría esta Ley, en caso de aprobarse, son los referentes a legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, separación de poderes, entre otros. Para Ocaña, el proyecto para combatir las economías criminales debería tratarse por vía ordinaria, sin embargo, "lo que se intenta hacer ahora es que pase en forma directa, sin que exista control constitucional", apuntó.
Otra de las preocupaciones tiene que ver con los allanamientos. Al no tener una orden judicial para el efecto, se podrían dar abusos por parte de la Policía y militares, y que podrían vincularse con temas políticos. Además, al momento de hacer allanamientos, los indicios no podrían ser recabados, porque no existe orden judicial, con lo que se violentaría la cadena de custodia.
Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, anunció Ocaña, se han enviado todas las observaciones a los asambleístas, para que sean tomadas en cuenta en la construcción del informe para segundo debate, para evitar futuras demandas de inconstitucionalidad.
Mira la entrevista completa:
Escucha la entrevista completa: