Legislativo
En entrevista con NotiMundo Estelar, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, expresó su preocupación por varios aspectos de esta nueva normativa, especialmente por su posible impacto en los derechos y libertades fundamentales.
Uno de los puntos más sensibles, explicó Alarcón, es el referido a los "gastos reservados" que la ley permitiría. Recordó que, en el pasado, estos fondos se utilizaron de manera opaca, generando casos de corrupción y mal uso de recursos públicos.
Alarcón también cuestionó la ambigüedad de ciertos términos incluidos en el texto legal, como "amenaza a la seguridad del Estado", los cuales, según advirtió, podrían ser usados para criminalizar a defensores de derechos humanos y activistas. Agregó que la redacción abierta de estas disposiciones facilitaría un control excesivo sobre la disidencia política, sin las garantías judiciales necesarias, lo que vulneraría el debido proceso.
"La amplitud de la expresión 'amenaza a la seguridad del Estado' abre la puerta a acciones sin fiscalización previa, sin orden judicial y sin control posterior, lo cual constituye un serio riesgo para los derechos constitucionales de los ciudadanos", afirmó.
Otro aspecto crítico según Alarcón es el impacto que esta ley podría tener sobre el ejercicio del periodismo. Alarcón manifestó su preocupación por las posibles afectaciones a la confidencialidad de las fuentes, un principio protegido constitucionalmente, lo que dificultaría las investigaciones periodísticas y pondría en riesgo la libertad de expresión.
Además, indicó que la ley parecería legitimar prácticas de vigilancia que ya se estarían implementando de forma informal por parte de ciertas instituciones de inteligencia. Esto es particularmente grave, sostuvo, porque conductas que anteriormente podrían haber sido ilegales pasarían ahora a tener respaldo legal, lo que favorecería la impunidad.
En este contexto, Alarcón subrayó que toda acción de vigilancia estatal debe estar sujeta a control judicial. Subrayó que la ausencia de requisitos como órdenes judiciales para acceder a comunicaciones, tanto pasadas como en tiempo real, podría derivar en abusos de poder y violaciones a la privacidad.
Finalmente, recordó que si la ley entra en vigencia con disposiciones que contravienen la Constitución, la ciudadanía tiene el derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
Esta posibilidad, concluyó, reafirma el papel clave de la sociedad civil en la defensa de los derechos y libertades en el actual contexto político.
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