12 años sin respuestas
Eran las 22:22 del jueves 16 de marzo de 2013 cuando Alexandra Córdova escuchó la voz de su hijo por última vez. David Romo, un joven universitario de 20 años, cursaba la carrera de Comunicación, en la Universidad Central del Ecuador (UCE), y esa noche retornaba a su hogar, en un bus de transporte público.
Alexandra lo esperaba, como de costumbre, en el sector de la Mitad del Mundo, para recibirlo y llevarlo a casa, pero en esa ocasión no llegó. En NotiMundo al Día, Córdova recordó que recibió la llamada de David, indicando que estaba camino a casa, pero no lo volvió a ver ni a saber de él, hasta el día de hoy.
12 años después, Córdova continúa en una lucha cuesta arriba, en búsqueda de la verdad y respuestas por parte de un Estado que parece haber olvidado el tema. Esa última llamada era sumamente importante para que las autoridades pudieran rastrearla y conocer el paradero de su hijo, sin embargo, no se hicieron mayores esfuerzos por conocerlo.
"Cuando hay un implicado (en la desaparición) que forma parte del Estado, siempre se busca deslindar responsabilidades y hacer estereotipos sobre la víctima", cuestionó.
Córdova que recordó que la denuncia por la desaparición de su hijo no fue recibida de inmediato, sino 4 días después, el lunes 20 de mayo. Las teorías sobre un supuesto internamiento en una clínica de rehabilitación clandestina tampoco cuadran, dice Córdova.
"A mí no me van a callar; me quitaron a mi hijo y me lo tienen que devolver", sentenció.
Criticó, además, que la investigación haya estado bajo reserva por dos años, donde se habría fraguado una investigación fraudulenta, para dejar en la impunidad a los responsables. "La teoría de la Fiscalía y del general (Víctor) Aráus, excomandante de Policía, fue la de incineración", recordó.
Si las investigaciones se hubieran dado desde el primer día y se hubiese rastreado la llamada, Romo estaría vivo, lamentó. Sin embargo, insistió en que, mientras no tenga sus restos o conozca alguna respuesta concreta, continuará en pie de lucha.
Al momento, el caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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