Política

Noboa propone una consulta "a lo Lasso: término medio", cuestiona constitucionalista

El Gobierno de Daniel Noboa envío un nuevo paquete de preguntas a la Corte Constitucional para la consulta popular, anunciada para el próximo 30 de noviembre.

10 Septiembre de 2025
Daniel Noboa, tras conocer los resultados de las elecciones del 13 de abril de 2025. De fondo, su esposa y su madre.
Daniel Noboa, tras conocer los resultados de las elecciones del 13 de abril de 2025. De fondo, su esposa y su madre. Foto: Cortesía

Tras la negativa del máximo órgano de control constitucional a varias de las preguntas enviadas por Daniel Noboa para la consulta popular, el presidente envió nuevas propuestas.

El mandatario insistió en algunas temáticas, pero esta vez reformuladas para intentar superar el filtro de la Corte Constitucional (CC). Una de ellas es sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS).

En un inicio, Noboa propuso la eliminación del organismo, sin embargo, la Corte lo rechazó. Ahora, se intenta traspasar su potestad de designar autoridades de control a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por el oficialismo.

En NotiMundo a la Carta, Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, consideró que esta propuesta no cambia el fondo del asunto, porque "el problema ya no serán los siete vocales del CPCCS, sino los 151 asambleístas de la República".

"Ya no son los concursos en el Consejo, sino en la Asamblea. En ambos casos, a través de comisiones ciudadanas de selección. No salimos del problema de que los nombramientos tienen que hacerse por concurso", cuestionó.

A su criterio, la forma ideal de designar a estas autoridades sería por nombramiento directo. "Si el presidente Noboa le quiere nombrar a su amigo Mario Godoy, ¿para qué le llama a José Suing para que le ponga en la terna, cuando él dijo que nunca lo pondría?".

Por otro lado, se refirió a la propuesta de que que busca crear una ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo, por cualquier forma o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito.

Oyarte señaló que esta reforma tiene "nombre y apellido", porque se buscaría afectar a Rafael Correa y a algunos miembros de su círculo cercano, pero advirtió que en un momento determinado la normativa podría jugar en contra de quien ahora es Gobierno.

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