Pachakutik votará en contra de las reformas al COOTAD: la propuesta afecta directamente a programas sociales, advierte Mariana Yumbay
Las controversiales reformas al COOTAD se debatirán este viernes en Guayaquil. La Asamblea Nacional decidirá sobre la aprobación de la normativa remitida por el Ejecutivo con carácter económico urgente y que ha generado el rechazo de Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales por la exigencia en el cumplimiento de la regla 70/30 para gastos de inversión y corrientes. Algo que, advierten, más allá de esconder una narrativa de eficiencia en el gasto, podría reducir la capacidad financiera para proyectos sociales de los gobiernos seccionales.
A un día de tratarse la normativa en el Pleno, el oficialismo asegura tener los votos para aprobar las reformas al COOTAD. El asambleísta Esteban Torres señaló que independientes podrían sumarse al respaldo a la propuesta del Ejecutivo, mientras que la norma podría ser un termómetro para determinar un ambiente pre electoral.
El Partido Social Cristiano anticipó su voto en contra de las reformas del Ejecutivo. El legislador Alfredo Serrano señaló que la normativa sería contraproducente, particularmente en la inversión en proyectos sociales.
Desde Pachakutik, sus tres legisladores votarán en rechazo a la propuesta del Gobierno, así lo anticipó la asambleísta Mariana Yumbay. Los motivos, a su criterio, son varios: afectaciones a la descentralización y programas sociales destinados a adultos mayores, niños y mujeres víctimas de violencia.
De acuerdo con Yumbay, la iniciativa dejaría abierta la variabilidad de montos que se entregará a los gobiernos seccionales. A esto, se sumarían afectaciones a la autonomía política, administrativa y financiera de las Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales, así como su condicionamiento para recibir transferencias.
"La ley va a afectar enormemente al pueblo. Son ellos los que no tendrán posibilidades a tener una vida digna", dijo.
Para Yumbay, existe una "trampa" en la narrativa que maneja el Gobierno para promover su normativa. Esta se sostiene en la limitación del gasto para fiestas y eventos de entretenimiento, cuando, según Yumbay, el artículo relacionado se mantiene en la propuesta.
En su lugar, consideró, el Ejecutivo buscaría "licuar" la deuda que mantiene con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y reducir el aparataje estatal. Señaló que, de existir los votos para su aprobación, el proyecto enfrentaría una serie de demandas de inconstitucionalidad, tal y como ocurrió con propuestas anteriores que terminaron sin efecto en el ordenamiento jurídico.
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