Seguridad nacional
En NotiMundo A La Carta, Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, indicó que es urgente establecer una estrategia nacional integral para enfrentar a estas organizaciones delictivas, dado que no se trata de un problema aislado, sino de una amenaza estructurada y compleja.
Moncayo destacó que el crimen organizado en Ecuador está estrechamente vinculado con la situación en Colombia, donde muchas de estas redes ilícitas tienen su origen. Subrayó la necesidad de una cooperación regional entre Ecuador, Colombia y Perú para hacer frente a esta problemática transnacional. A su juicio, la falta de coordinación entre países vecinos limita seriamente los avances, ya que estos grupos cruzan las fronteras con facilidad.
Asimismo, explicó que las Fuerzas Armadas enfrentan serios desafíos operativos, debido a limitaciones en sus capacidades y equipamiento. En ese sentido, propuso actualizar las doctrinas militares y dotar a los efectivos de los recursos necesarios para combatir eficazmente a estas organizaciones. Enfatizó la importancia de una formación especializada en tácticas modernas para enfrentar la nueva configuración del crimen organizado.
Por otro lado, señaló que una política de seguridad efectiva debe involucrar a todos los niveles del Estado, y no centrarse únicamente en la acción militar o policial. Propuso un enfoque integral que incluya la participación activa de la sociedad civil, así como una articulación eficiente entre gobiernos locales, provinciales y nacionales.
En cuanto al marco normativo, Moncayo opinó que las leyes existentes en Ecuador son suficientes para abordar los desafíos de seguridad, pero el problema radica en su falta de implementación efectiva. Hizo énfasis en que existen regulaciones como el uso progresivo de la fuerza y otras normativas en materia de seguridad pública que deben aplicarse de manera coherente y rigurosa.
Finalmente, remarcó la importancia de que las acciones del Estado en la lucha contra el crimen respeten plenamente los derechos humanos. Afirmó que cualquier violación en este ámbito podría debilitar la legitimidad y efectividad de las fuerzas del orden. Por ello, consideró indispensable fortalecer la capacitación en derechos humanos tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas, garantizando así operaciones que sean firmes, pero también justas y respetuosas con la población.
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