El pasado martes, 07 de octubre, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia en la Fiscalía, por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que la caravana en la que se movilizaba para llegar a un acto en el sur del país fuera atacada por manifestantes.
En Decisiones con Jorge Ortiz, el analista político, Ramiro Rivera, cuestionó que una parte de la sociedad ecuatoriana continúe "romantizando" la lucha de los sectores en protesta, así como los actos de violencia que se han cometido, como el ataque a la caravana presidencial o la quema del comando policial en Otavalo, provincia de Imbabura.
"Me parece que el tema de la Conaie, hace algún tiempo, dejó de ser un fenómeno de naturaleza social para pasar a ser un problema político", apuntó.
Rivera también cuestionó al movimiento indígena, por haber tenido importantes espacios de representación popular, pero en algunos casos manchado la gestión por actos de corrupción, como el caso del artista y exalcalde de Guamote, Delfín Quishpe, quien fue sentenciado en 2021 a cinco años de cárcel, por tráfico de influencias.
Así mismo, señaló que el movimiento indígena tiene influencia en diversos cantones de la Amazonía, "donde hay bastantes canales de conectividad con el narcotráfico y el terrorismo colombiano".
A su criterio, el derecho a la resistencia, establecido en la Constitución, ha dado pie a que se cometan actos que van en contra del Estado unitario que es Ecuador, como establecer territorios exclusivos de pueblos y nacionalidades.
Paulina Araujo, abogada penalista, cuestionó a parte de la dirigencia, como Leonidas Iza, por utilizar a la justicia indígena cuando así lo consideran, pero acogerse a los beneficios de la justicia ordinaria, como cuando fue amnistiado tras el paro de 2019, luego de ser señalado por el delito de secuestro.
Por otro lado, Araujo señaló algunas falencias en las actuaciones del Gobierno, el cual -dijo- se maneja con el sistema de la polarización, por lo que constantemente está buscando enemigos, como ocurrió primero con el correísmo y posteriormente con la Corte Constitucional.
Además, expresó su preocupación de que el régimen esté enfocado en una política de dádivas.
"Eso no es una política social real", insistió.
Para la abogada, es urgente que el presidente Daniel Noboa escuche a sus críticos y asesores, para que la toma de decisiones sea en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y causen el menor impacto posible.
Según Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, la reacción del Gobierno a las protestas en el país se dan en una lógica de polarización, lo cual no contribuye a la búsqueda de soluciones al conflicto.
Además, Moscoso señaló que la propuesta de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución es una apuesta arriesgada, que podría mermar el capital político del primer mandatario y traer al país una Carta Magna "peor de la que ya tenemos".
En este sentido, Moscoso adelantó que su voto será por el 'NO'. En caso de ganar el 'SÍ', dijo, desde todos los sectores se debe arrimar el hombro para que sea el mejor documento posible.
El periodista Martín Pallares señaló que el Estado ecuatoriano no ha aprendido de las lecciones que dejaron los paros de 2019 y 2022, en el sentido de que el diálogo que se busca es con la dirigencia indígena, que muchas veces es obligada a protestar o a ejecutar acciones contrarias a su voluntad, por miedo a multas y otro tipo de represalias.
"No existe un trabajo en las bases de esas comunidades; siempre hay el intermediario que es el dirigente, y este muchas veces recibe dinero de las mafias", afirmó.
Respecto de la propuesta de una Constituyente, Pallares adelantó que su voto será en contra, porque se opone a la idea de que cada mandatario busque refundar el Estado, además del riesgo que representa que las únicas fuerzas políticas predominantes (ADN y Revolución Ciudadana) redacten una nueva Constitución.
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