Lavado de activos
El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto 430 con el que denunció, en todo su contenido, el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE). Con esto, ratifica la postura del Ecuador de abandonar este instrumento al que se anexó en el 2009, durante el gobierno de Rafael Correa.
La idea inicial del Tratado fue una integración regional que planteaba la alternativa de no usar el dólar estadounidense como moneda en el intercambio comercial. Sin embargo, años después se revelaron escándalos de corrupción. Uno de ellos, relacionado a vínculos con el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y operaciones ficticias en un posible lavado de activos que habría perjudicado al Ecuador.
Todas estas revelaciones se advirtieron desde el 2021 en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, entonces presidida por Fernando Villavicencio (+). En octubre de ese mismo año, la mesa legislativa presentó su informe final a la Presidencia ocupada por Guadalupe Llori y, luego de cinco años, el documento fue conocido por el Pleno.
Pedro Velasco, exasambleísta y exintegrante de la Comisión, consideró que el sistema SUCRE se inspiró fundamentalmente en posturas ideológicas, mas no parámetros técnicos. A su criterio, no marcaba una facilidad en el intercambio comercial dentro de la región que, para entonces, englobaba a varios países con tendencia de izquierda.
Las investigaciones, dijo, revelaron la existencia de un sistema de compensaciones regional de pagos para viabilizar exportaciones a Venezuela, en el marco de un plan de construcción de 6.500 viviendas. En la trama, Ecuador era el supuesto proveedor de materiales de construcción para lo cual se constituyeron algunas empresas, entre ellas, una vinculada a Alex Saab.
Años después, se reveló que este material no fue exportado, sino que pasaba chatarra hacia Venezuela y un esquema de presunto lavado de activos, sin que exista una investigación penal en Ecuador por este tema.
Para entonces, era Galo Chiriboga quien estaba al frente del Ministerio Público y, pese a las comparecencias de directores del SRI, gerentes del Banco Central y otras autoridades, no se generó un proceso activo.
"Se convirtió en la más grande lavandería de dinero", dijo.
Las conclusiones del informe, según Velasco, el sistema SUCRE no manejaba efectivo inicialmente, sino que se hacían transacciones y el Banco Central entregaba dólares desde el Ecuador. En algunos casos, dichos montos salían a Venezuela sin retorno, o iban a paraísos fiscales. En esta estructura, se habla de cerca de USD 2.000 millones, detalló Velasco.
Todo esto, sin un control adecuado del Servicio de Aduanas y sin una investigación abierta por irregularidades que salpican a altos mandos.
"Ha habido una omisión total, una omisión gravísima de responsabilidad. Porque no se pusieron las alertas que debieron para evitar este entramado de corrupción", cuestionó.
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