Prisión para el alcalde de Guayaquil es una medida desproporcionada y da cuenta de una persecución política, afirma penalista
La medida cautelar se ordenó tras su detención, en el marco de una investigación a una presunta trama de lavado de activos y defraudación tributaria, en el denominado caso Goleada.
El abogado de Alvarez, Ramiro García, cuestionó que, pese a que el magistrado de la causa recomendó el traslado de Alvarez a la cárcel 4, en el norte de Quito, la máxima autoridad municipal fue llevada esta madrugada al centro penitenciario de Latacunga, en Cotopaxi. "Ese es el nivel de persecución que enfrentamos", denunció García en su cuenta de X.
Para Pablo Encalada, abogado penalista, las actuaciones en este caso dan cuenta de una persecución política por parte del Gobierno, del cual Alvarez ha sido uno de sus principales opositores.
En NotiMundo al Día, Encalada lamentó que con este nuevo caso se intensifique el temor que existe para opinar y actuar.
"Me parece evidente que aquí sí hay selectividad", afirmó el jurista, al tiempo que recordó que en casos polémicos, como las presiones a jueces por parte del Consejo de la Judicatura y otros cuestionamientos a su titular, Mario Godoy, no existan acciones por parte de la Justicia.
"No conozco el fondo del caso (Goleada), pero incluso si Aquiles Alvarez fuese culpable, es evidente la persecución política", apuntó.
Encalada cuestionó el accionar de la fuerza pública y la violenta irrupción en el domicilio del Alcalde en horas de la madrugada, algo que contrasta con detenciones como la de alias Fito, líder de la organización criminal 'Los Choneros', con quien hubo mucha "cordialidad" por parte de John Reimberg y Gian Carlo Loffredo, ministros del Interior y de Defensa, respectivamente.
"No nos podemos callar. No podemos aceptar esas actuaciones en contra de políticos. Siempre he sido muy crítico con el correísmo, pero no por eso vamos a tolerar este tipo de acciones", insistió Encalada.
A su criterio, es urgente que desde varios frentes se detengan las "actuaciones arbitrarias" que se dan desde el poder. Además, consideró que la medida de prisión preventiva solicitada en este caso era innecesaria, pues es incompatible con la presunción de inocencia. "Esta se dicta cuando hay alta probabilidad de condena; cuando el delito es grave y cuando exista inminente riesgo de fuga", explicó.
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