Consulta popular
El presidente Daniel Noboa, envió cuatro preguntas de referéndum y una de consulta popular a la Corte Constitucional, con sus respectivos anexos. En NotiMundo Estelar, Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, emitió un criterio en torno a cada una de las iniciativas.
Trabajo por horas
La primera, se refiere a la contratación laboral por horas específicamente para el sector turístico, siempre y cuando se trate de la primera relación laboral. Sobre este tema, Gómez recordó que, en ocasiones anteriores, la propia Corte determinó que se trata de una propuesta restrictiva de derechos, pero que, como está enfocada, podría tener algún tipo de matiz.
Este planteamiento, dijo, traería consigo un debate en torno a la necesidad de una reforma integral del sector laboral y entablar un diálogo para garantizar que más personas ingresen al mercado con mayores plazas de empleo y un aumento de la inversión, tanto privada como extranjera.
Pese a esto, Gómez anticipó que la pregunta podría no ser aceptada por la Corte dado el precedente negativo en dos ocasiones anteriores.
Reducción de asambleístas
Sobre la propuesta de reducir el número de asambleístas, el Primer Mandatario plantea pasar de 15 a 10 en asambleístas nacionales. En legisladores provinciales, se propone uno por cada jurisdicción y uno más por cada 400 mil habitantes. Para el abogado Aldrin Gómez, esta medida no garantizaría una mayor calidad en el debate parlamentario. Sin embargo, en cuanto al filtro en la Corte, recordó que el organismo habilitó la pregunta para ser tratada en la consulta popular de Guillermo Lasso que no fue aprobada por la ciudadanía.
Eliminar el CPCCS
En la tercera pregunta, relacionada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el presidente Noboa propone su eliminación y trasladar sus atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría del Estado.
Con esto, las máximas autoridades de la Procuraduría, la Fiscalía, Defensoría Pública, Superintendencias, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Electoral, serán designadas por las tres instituciones mencionadas.
Para Gómez, la principal interrogante es si las instituciones a las que se les atribuirá estas competencias están preparadas para asumir esta responsabilidad. Más allá de aquello, cuestionó a la Asamblea Nacional por una falta de voluntad política en torno al proceso de designación de autoridades que estaría a su cargo.
Juicio político a jueces de la Corte Constitucional
Con respecto al juicio político a jueces de la Corte Constitucional, el Gobierno señaló que un incumplimiento de funciones podría configurarse, exclusivamente, cuando los magistrados incurran en una violación flagrante y reiterada de sus competencias. Sin embargo, precisó que la "mera discrepancia" en las decisiones adoptadas por los jueces no constituirá una motivación para impulsar un juicio político. En la propuesta, también se establece que la destitución de los integrantes de la Corte podrá ser decidida por las dos terceras partes de la Legislatura.
Sobre este tema, Gómez recordó que la Constitución establece que una persona no puede conocer una situación donde exista conflicto de interés. Sobre esta base, dijo, el trabajo de los jueces debe ser técnico e inteligente para determinar la constitucionalidad de la propuesta que, de entrada, "supone un conflicto" para los magistrados.
Esta pregunta, señaló, puede verse como una especie de "trampa" en la que cualquier causal puede responder a un incumplimiento de funciones o arrogación de facultades.
"El Gobierno le ha declarado la guerra a la Corte Constitucional y se ha perdido la imparcialidad de debatir una figura que existe en otros países, pero que hoy en día no permite saber si esta será objetiva", enfatizó.
Permitir el funcionamiento de salas de juegos de azar y casinos
En otra iniciativa, el Ejecutivo plantea el regreso de salas de juego y casinos, particularmente en hoteles de cinco estrellas. Este tema, según Gómez, aún no está desarrollado en su totalidad en el país, y podría abrir la puerta al lavado de activos. Para evitar esto, señaló, debería fortalecerse el control en torno a este delito, y allanar el camino para el ejercicio de juegos de azar que podría representar un ingreso significativo para el Fisco.
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