Urgencia económica
Desde el oficialismo se defiende la propuesta del Gobierno, que obliga a administraciones locales dividir sus recursos en un 70% para inversión y un 30% para gasto corriente.
El correísmo, en cambio, sostiene que la normativa del Ejecutivo representa una afectación financiera a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) a modo de control desde el Gobierno Central.
Previo a la aprobación del informe, autoridades municipales, provinciales y algunos legisladores encabezaron una marcha hacia la Asamblea Nacional, en rechazo a las reformas, remitidas con carácter de urgencia en materia económica. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, por ejemplo, pidió el archivo del proyecto, pues afirma que restaría institucionalidad a las administraciones locales y recortaría servicios sociales.
En NotiMundo al Día, Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, señaló que, pese a haber solicitado por escrito ser recibidos en la Comisión para expresar sus inquietudes, esto no ocurrió.
A su criterio, el proyecto debería ser archivado por el daño que representaría para la ciudad y la cantidad de empleos que se verían afectados. "La misma Comisión cambió tres veces el horario y al final sesionaron por zoom", cuestionó.
Racines aseguró que la ley es inconstitucional, porque atenta contra el principio de urgencia económica. "Cuando algo tiene ese carácter significa sea de inmediata aplicación", explicó.
Sin embargo, en caso de aprobarse, entraría en vigor desde enero de 2027, lo que rompe con ese principio constitucional. También dijo que se está violando el principio de generalidad, porque la regla fiscal se aplica para todos los niveles de gobierno. "Ahora quieren que sea solo para prefecturas y gobiernos cantonales", añadió.
En el caso de Quito, Racines explicó que el dinero que recibe el Municipio se invierte un 100% en infraestructura. "Ahora no solo quieren mandar sobre el dinero que nos entregan, sino sobre el que autogestionamos. Eso es un error", apuntó.
Racines insistió que el proyecto afecta principios de autonomía, generalidad y de urgencia.
Por otro lado, consideró que si la preocupación del Gobierno es el dinero que se destina a temas como conciertos, esto podría ser limitado y regulado. "¿Vamos a satanizar la cultura por uno o dos que han hecho un mal uso de esto? Esto llama a pensar qué es lo que realmente se quiere", enfatizó.
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