Reformas mineras

Proyecto urgente no elimina la licencia ambiental y hace de Ecuador un país atractivo para la inversión, según la Cámara de Minería

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

2 Febrero de 2026
Actividad minera.
Actividad minera. Imagen referencial

El proyecto fue remitido por el Ejecutivo, el pasado 27 de enero, con carácter de urgencia en materia económica. Ahora, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa tendrá 30 días para aprobarlo, modificarlo o archivarlo.

El Gobierno destacó que, con las reformas a la Ley de Minería y la Ley de Energía Eléctrica, se podrán acelerar los mecanismos existentes de generación de ingresos fiscales, divisas y producción del sector minero, así como asegurar la provisión del servicio de eléctrico. 

En NotiMundo al Día, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, reconoció el "ímpetu" del Gobierno por hacer del país un distrito desarrollado de minería.

Recordó que en este sector no se compite entre empresas sino con jurisdicciones, para atraer las inversiones. "Chile, Argentina y Perú no solo eran distritos que nos llevaban ventajas, sino que han introducido una serie de mecanismos para hacer más atractiva esa inversión", apuntó.

En este sentido, resaltó que con las reformas propuestas se podrá agilizar varios pasos para que Ecuador sea un país atractivo para la inversión

Silva explicó que, si bien esta normativa es "un gran paso", no es suficiente. A su criterio, la exploración es importante, la cual requiere de un gran análisis financiero por parte de los inversionistas. 

Por otro lado, aclaró que la nueva Ley no sustituye las licencias ni permisos ambientales, sino que introduce el término "autorización" ambiental

"Se ha malinterpretado y se ha dicho que con esto se está obviando la licencia ambiental. Eso no es así. Se requiere licencia para todos los proyectos", precisó

Silva indicó que, a la par, se debe procurar que exista el fortalecimiento de la función judicial, pues una ley no será la solución para el combate efectivo a la minería ilegal, si no se articulan esfuerzos desde los distintos poderes del Estado.

"El Ecuador debe tener una política minera de Estado, que trascienda autoridades y que establezca los objetivos a 10, 20 y 50 años; trazar la hoja de ruta para alcanzar esos objetivos", concluyó. 

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