Trámite legislativo

Reformas al Código Tributario no son estructurales, pero uno de sus aspectos promueve la seguridad jurídica, según experto

83 votos permitieron la aprobación de las reformas al Código Tributario en la Asamblea Nacional.

El paquete de reformas al Código Tributario fue aprobado en la Asamblea Nacional. La normativa está ahora en manos del Ejecutivo, el cual deberá allanarse a lo resuelto en el Pleno de la Legislatura u objetarlo.

No se trata de una reforma estructural, detalló en NotiMundo Estelar, el experto tributario, Mauro Tejada. Esto, debido a que las competencias para extinguir y modificar tributos es de la Función Ejecutiva. Pero, por otro lado, mejora el ámbito administrativo y esclarece ciertos temas.

Uno de los puntos positivos, según Tejada, es la categoría de "orgánica" que obtuvo el Código Tributario. Esta clasificación, dijo, genera un mejor ambiente para la seguridad jurídica.

Pero existen otros aspectos que deben ser resueltos, según Tejada. El inicio de procesos coactivos relacionado a las deudas de contribuyentes con el Estado es parte de las reformas. Lo que antes suponía un congelamiento de las cuentas del deudor, ahora contempla una notificación previa y un plazo de 20 días para que el usuario cancele los valores pendientes.

De acuerdo con Tejada, esta modificación obliga cambios tecnológicos e incorporar la comunicación entre el SRI, las instituciones financieras y la Superintendencia de Bancos. Esto, para que en los 20 días, se sepa que hay una obligación que debe ser cumplida.

Otro de los aspectos que se contempla apunta a la declaración patrimonial. Tejada recordó que las personas naturales que tienen un patrimonio de alrededor de USD 240 mil en soltería o USD 250 mil en sociedad conyugal están obligadas a declararlo.

Esta acción debe contener todos los activos y pasivos del contribuyente en razón de todo lo que produce renta.

Ahora, lo cuestionable según Tejada, es las multas que se fijan por incumplir la obligación. En la normativa se establecen sanciones de entre USD 400 mil y USD 1 millón.

De acuerdo con Tejada, esto resulta "excesivamente contraproducente" en la intención del Ejecutivo de evitar el lavado de activos.

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