Asamblea Nacional
Las polémicas reformas al COOTAD fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. La iniciativa planteada por el Ejecutivo recibió el respaldo de 77 legisladores y otros 71 votaron en contra. El oficialismo defendió la normativa argumentando una eficiencia en el gasto de administraciones locales al ratificar la regla del 70/30 para gastos de inversión y corriente.
La aprobación de las reformas al COOTAD generó la reacción de administraciones locales. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, lamentó la postura adoptada por la Asamblea Nacional y adelantó que, pese a esto, los servicios sociales seguirán funcionando bajo su administración. Además, adelantó que acudirá a la Corte Constitucional para reclamar sobre la ilegalidad de la normativa.
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, cuestionó que legisladores del oficialismo en representación de Azuay hayan respaldado las reformas al COOTAD. A los asambleístas Adrián Castro, Camila León y Anthony Becerra, el Alcalde los señaló por votar en contra de la autonomía municipal y apoyar el centralismo.
Organizaciones también expresaron su rechazo a la resolución de la Asamblea Nacional. La Unión Nacional de Educadores convocó a una marcha para el 13 de marzo en Quito, en rechazo a la normativa aprobada. Invitó también al Frente Unitario de Trabajadores y otros movimientos del sector indígena y campesino a sumarse a la movilización. Además, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para evitar la vigencia de las reformas al COOTAD en el ordenamiento jurídico.
Enrique Herrería, secretario Jurídico de la Presidencia de la República, descartó que la iniciativa del Ejecutivo busque "disciplinar" políticamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que no son afines al Primer Mandatario. En su lugar, aclaró, se pretende "armonizar" la ley con lo establecido en la Constitución en referencia al gasto público y sostenido en el presupuesto general del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo con Herrería, la autonomía de los GAD no debe ser "sinónimo de irresponsabilidad". Explicó que la normativa no irrespeta este principio, sino que da la libertad a que las administraciones locales, como en años anteriores, elaboren su presupuesto para las actividades contempladas en el año siguiente.
"Estoy seguro que no se coaccionará a los GAD (...) no creo que sea posible coaccionar a un Gobierno para tener un comportamiento u otro de naturaleza política", dijo.
Insistió en que la ejecución del presupuesto debe guardar correlación con lo establecido en la ley. Con esto, dijo, se aspira que para enero del 2027 cuando entren en vigencia todas las disposiciones gradualmente, existan Municipios y Prefecturas que actúen adecuadamente.
Si bien desde las administraciones locales y organizaciones sociales se adelantó la presentación de acciones de inconstitucionalidad, Herrería aseguró que la normativa no enfrentará tropiezos en la Corte Constitucional. Señaló que, la orden de la Presidencia de la República, fue integrar un equipo multidisciplinario para garantizar que "de forma y fondo no tenga defectos". Por ello, exhortó a que, lejos de apasionamientos, la normativa sea revisada en sus "bondades" para la ciudadanía.
"Me he preocupado de hacer esta ley con la Constitución al lado y con los fallos de la Corte Constitucional", enfatizó.
La relación "cordial" con la Corte Constitucional
A mediados del 2025, el Gobierno encabezó un pulso con la Corte Constitucional por el análisis de acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra de tres leyes aprobadas en la Asamblea y que fueron impulsadas por el Ejecutivo. Estas fricciones, según Herrería -quien fue juez de la Corte- ya fueron solventadas.
Una vez que asumió el cargo como Secretario Jurídico de la Presidencia, Herrería visitó a los magistrados del organismo con quienes, dijo, hay un "ambiente de cordialidad" y espera que no existan trabas en un futuro a las normativas propuestas por el Ejecutivo.
"Cualquier diferencia entre instituciones ha sido absolutamente superada", precisó.
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