Reformas a la Ley de Movilidad Humana presentan contradicciones y podrían ser objetadas por la Corte Constitucional, advierte Arturo Moscoso
Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UIDE, existe cierta contradicción en lo que se plantea en esta propuesta.
Por un lado, detalló, existen mejoras en el sistema de registro de migrantes, mayores facilidades al momento de la tramitación, e incluso, un enfoque de género y de derechos humanos que funciona de manera transversal a todos los servicios.
Sin embargo, las preocupaciones según Moscoso se centran en otras iniciativas dentro de la misma ley, que limitarían el acceso a servicios básicos para migrantes no regularizados y habilitaría la expulsión inmediata de personas vinculadas a algún tipo de delito.
"Todo partiendo de una óptica de criminalizar la migración irregular", cuestionó.
En la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana se sustentaron estas medidas en una perspectiva de seguridad nacional que, según Moscoso, no deberían ser un argumento ñara vulnerar la propia Constitución y tratados internacionales.
Puntualizó que la deportación de ciudadanos indocumentados de manera inmediata vulnera el derecho al debido proceso al que todo ciudadano puede acogerse, independientemente de su situación migratoria.
Moscoso advirtió que plantear normas regresivas en derechos podría no tener una respuesta favorable de la Corte Constitucional por lo tanto se habría "perdido recursos y tiempo" al debatir propuestas inviables.
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