Reforzar el control sobre el financiamiento a organizaciones políticas, el siguiente paso tras aprobar las reformas, según Andrés Castillo

Con 81 votos, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución, con lo cual se elimina el fondo partidario y de promoción electoral, que eran financiados con recursos del Presupuesto General del Estado.

La reforma fue planteada por el presidente Daniel Noboa durante el periodo pasado y, tras su aprobación en la Legislatura, la Corte Constitucional deberá determinar la viabilidad de la propuesta antes de ser incluida en la consulta popular.

"El Estado no puede darse el lujo de gastar en campañas electorales para los siguientes procesos", dijo Andrés Castillo, asambleísta por ADN, tras la aprobación de la propuesta de reforma constitucional. Más allá de generalizaciones, consideró que los fondos asignados a partidos políticos no han sido destinados a la capacitación de sus cuadros.

Esta mal utilización de recursos, señaló Castillo, ocasionó que durante las últimas elecciones ocurra un escenario recurrente: "partidos sin candidatos y candidatos sin partidos". Por ello, destacó la importancia de que, en caso de ratificarse el financiamiento estatal a organizaciones políticas, sea la Asamblea la que intensifique los controles acerca del origen de los recursos.

Levantar recursos a partir de adherentes, militantes y financistas y que ese someterse a auditorías es, según Castillo, la vía que deberán optar organizaciones políticas, tras la eliminación del financiamiento por parte del Estado. Esto para, insistió, evitar la infiltración del crimen organizado.

"El mal uso no es el problema, es la consecuencia de la entrega de los recursos", sostuvo.

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