Crisis judicial

Renuncia de José Suing a la presidencia de la Corte Nacional viabiliza una cierta recuperación de la institucionalidad, según constitucionalista

Cuestionamientos a la Función Judicial y la gestión de Mario Godoy, titular de la Judicatura, desembocaron en la renuncia de José Suing al encargo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la carta donde comunicaba su decisión, Suing aseguró: "no me aferro al cargo, no es parte de una ambición personal", mientras reconoció el "escenario de tensión" provocado por los cuestionamientos públicos a Mario Godoy, incluido por Suing en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. 

Por su parte, Godoy no ha dado muestras de querer dar un paso al costado y, por el contrario, anunció que se defenderá ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, donde se tramita un juicio político en su contra. 

En NotiMundo al Día, Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, consideró que, aunque tardía, la decisión de Suing fue la adecuada.

"Siempre tuve el mejor de los criterios del doctor Suing, me une una amistad con él", reconoció Muñoz. No obstante, el hecho de haber "errado" dos veces en incluir en su terna a una persona "absolutamente descalificada", como Godoy, "no tiene razón de ser"

La salida de Suing viabiliza una cierta recuperación de la institucionalidad que estaba siendo quebrantada por su presencia, dijo Muñoz.

Y es que, según el jurista, en la palestra pública era conocido que Godoy es una "ficha del Gobierno", tras su paso como procurador de Petroecuador, y que contaba con el respaldo necesario para ser designado por el Consejo de Participación Ciudadano y Control Social (CPCCS). 

Gobierno se enfrenta nuevamente a la CC

Por otro lado, Muñoz se refirió a la nueva pugna entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional (CC), luego de que el organismo declaró inconstitucional una de las causales legales para permitir delegar actividades relacionadas con la energía eléctrica al sector privado "cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general".

Según el presidente Noboa, la sentencia de la CC responde a un "cálculo político". Sin embargo, el alto tribunal aclaró que su decisión no prohíbe la participación privada ni paraliza proyectos energéticos, algo que fue reconocido por Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía. 

Para Muñoz, el pronunciamiento inmediato de Manzano fue acertado al precisar que las inversiones en curso no se detienen y que buscará la manera de continuar las delegaciones, en cumplimiento de la Ley. 

El abogado recordó que el Artículo 316 de la Constitución establece que la participación privada en sectores estratégicos y la provisión de servicios públicos tiene el carácter de "excepcional", que debe estar regulada en cada ley.

Muñoz explicó que en el Art. 24 numeral 1 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica se establecía como causal para romper la excepcionalidad al interés público, colectivo o general. La CC determinó que "es demasiado amplio y subjetivo" el concepto de interés público, lo cual llevó a la decisión referente únicamente a esta causal. "Dejó claro que las causales deben ser concretas, no abiertas ni genéricas", aclaró.

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