Reuniones clandestinas en el caso Segura EP levantan sospechas de responsabilidad penal y administrativa, afirma Inés Alarcón
Con 85 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de fiscalización del caso Segura EP, que investiga el presunto uso indebido de la red de videovigilancia de Guayaquil. El oficialismo señaló que la estructura operaba como una especie de sala de espejo para cumplir con fines clandestinos.
Dentro de las pruebas, consta un audio en el que intervienen el director de Segura EP, Fernando Cornejo, el expresidente Rafael Correa, el exteniente de la Policía, Rodney Rengel y el asambleísta Juan Andrés González para planificar dichas actividades. Este último, entonces jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, cuestionó que el caso Segura EP sea utilizado como una "cortina" para desviar la atención del caso Porsche. Esto, dijo, con el fin de tomarse la red de vigilancia de Guayaquil administrada por el Municipio.
El asambleísta por el Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, sostuvo que la Legislatura no tiene facultad para fiscalizar a los gobiernos seccionales ni a sus empresas. Sobre el caso Segura EP, señaló que las posibles responsabilidades administrativas deben ser investigadas por la Contraloría General del Estado y, si existen implicaciones penales, por la Fiscalía.
Fueron reuniones clandestinas con recursos públicos, cuestionó en NotiMundo Estelar, Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, donde se elaboró el informe de fiscalización. Allí, dijo, se demuestra una articulación, manipulación y dirección de las cámaras de Segura EP.
De acuerdo con Alarcón, estos hechos levantan presunciones de responsabilidad penal y administrativa. Un ejemplo de esto, detalló, es el correo electrónico con fecha 20 de noviembre del 2024 enviado por Fernando Cornejo, entonces presidente del directorio de Segura EP. En él, solicita la creación de una sala espejo en la Dirección de Aseo cantonal.
La legisladora señaló que dicha disposición se contrapone con la orden presidencial emitida vía Decreto Ejecutivo, en la que se exigía un acuerdo de interoperabilidad con el Ministerio del Interior y el ECU 911.
Cuestiones como Rafael Correa solicitando la vigilancia de una casa, los pedidos de información de Fernando Cornejo y revelaciones de Rodney Rengel sobre los datos recabados, según Alarcón, alimentan las sospechas en torno a este caso.
"Por supuesto, nada tiene que ver eso con la seguridad de los guayaquileños, sino únicamente con sus fines e intereses políticos", enfatizó.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa