Control político

"Si no quieren que la justicia los persiga, no roben": Xavier Ordóñez cuestiona compra de trolebuses en Quito y alerta un perjuicio de USD 6 millones

Los 60 trolebuses adquiridos por el Municipio de Quito están en la mira de la Asamblea Nacional. Irregularidades advierten un perjuicio adicional al hallado por la Contraloría.

La compra de los 60 trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito fue motivo de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con 83 votos, la Legislatura remitió el informe final de fiscalización a la Contraloría, la Fiscalía y la Cancillería para que, en el ámbito de sus competencias, se sigan las acciones pertinentes sobre irregularidades en la compra de las unidades.

Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez, acusó al Municipio de saltarse el proceso de contratación pública dispuesto en el Sercop, alegando una cooperación internacional que habría presentado irregularidades. El mecanismo hizo un "bypass" de la ley de contratación, reconoció en NotiMundo Estelar el legislador.

Si bien desde la Contraloría se identificaron USD 2.5 millones de perjuicio para el Estado, la fiscalización impulsada por Ordóñez revela datos adicionales. Según el asambleísta, una vez se adjudicó la compra de las unidades, la adquisición no se dio directamente con el fabricante, sino a un consorcio que se encargó de obtener los trenes y luego ofertarlos. De acuerdo con Ordóñez, por cada unidad se habría pagado USD 100 mil, por lo que, al sumar los 60 buses, se habla de un perjuicio de USD 6 millones.

Desde el despacho del asambleísta, se pidió a la Fiscalía tener acceso a la información del caso trolebuses, por el cual el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha rendido su versión. Sin embargo, el Ministerio Público no ha revelado detalles sobre el proceso en curso.

Ahora, será el Pleno de la Asamblea el encargado de enviar la documentación del control político impulsado por Ordóñez a la Fiscalía. Con esto, dijo, se pretende que nuevas pruebas puedan incorporarse a la investigación en curso, o de ser el caso, abrir una nueva de manera posterior.

"Si no quieren que la justicia los persiga, si no quieren que se inicie pedidos de fiscalización es muy sencillo, no roben. Caso contrario, tienen que responder. Sea quien sea", enfatizó.

De acuerdo con Ordóñez, el caso de los trolebuses es solo "el principio" de contratos similares llevados a cabo desde el Cabildo. Entre ellos, dijo, se hallan irregularidades en la adquisición de recolectores de basura y la contratación del sistema integrado de recaudo.

Por otro lado, se refirió de manera escueta al caso Progen y señaló que la fiscalización en su momento fue impulsada por una Comisión Especializada ajena a la suya. Ahora, el expediente está en Fiscalía donde se lleva a cabo la investigación penal.

Sobre el desfalco que generó el otro contrato eléctrico fallido con la empresa Austral Technical Management, el asambleísta adelantó que la bancada de ADN acudirá a la Fiscalía este 24 de junio para presentar un recurso, sin precisar de qué tipo.

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