Una medida "difícil, pero necesaria", coinciden juristas sobre la desvinculación de funcionarios públicos y reestructuración del Estado
Un día después del anuncio de una reestructuración en el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa se refirió a la fusión de Ministerios y Secretarías de Estado. En la sesión solemne por los 490 años de fundación de Guayaquil, el Primer Mandatario calificó esta medida como necesaria y señaló que esta debió implementarse varios años atrás.
Con respecto a la desvinculación de 5.000 servidores públicos, Noboa señaló que se trata de un plan estructurado desde el Gobierno para garantizar la eficiencia del Estado.
El Ministerio de Trabajo emitió la resolución mediante la cual se expidió la norma técnica para la supresión de puestos en el sector público. La medida, suscrita por la ministra Ivonne Núñez, es de obligatorio cumplimiento para gran parte de entidades, a excepción de Gobiernos Autónomos Descentralizados, universidades, escuelas politécnicas y empresas públicas.
De acuerdo con el documento, la supresión de los cargos deberá fundamentarse en razones técnicas, funcionales, económicas y de innovación u optimización de los organismos estatales. Para la ejecución de este proceso, se deberá notificar al servidor público la cesación de sus funciones con la respectiva acción de personal, completar su indemnización y remitir el trámite al Ministerio de Economía y Finanzas.
Una medida "difícil, pero necesaria"
Para el exministro de Trabajo, Raúl Ledesma, la reestructuración del Ejecutivo, seguida de la desvinculación de funcionarios públicos es una decisión "difícil", pero que "debía tomarse" en algún momento. Consideró que se trata de una medida que debe tomarse con la mayor madurez y seriedad del caso.
"Hay decisiones duras que deben tomarse, y esta es una de ellas", dijo.
Ledesma señaló que este tipo de disposiciones tendrán un costo político y social, pero no son una solución definitiva. A esto, señaló, debe sumarse una reforma al Código Laboral, medidas para combatir la corrupción y la inseguridad.
En la parte jurídica, según Ledesma, el planteamiento del Gobierno fue el correcto, debido a que la Ley de Integridad Pública, aprobada en la Asamblea Nacional, permitió reformar la LOSEP y dar paso a las desvinculaciones de funcionarios públicos con contratos provisionales y ocasionales.
Un criterio similar compartió Karina Flores, catedrática de la Escuela de Derecho de la UIDE, quien consideró que una desvinculación de servidores públicos "no eficientes" no representa la única solución para reducir una "inflación en la contratación" en el Estado.
Para conocer cuáles serían el resto de aristas, dijo, se requieren mayores estudios que prueben la poca argumentación para contratar a varios funcionarios del sector público, y que no representarían un beneficio para la administración en términos de optimización de recursos.
"Podría considerarse una precarización, pero estudios revelan inflación de contratación", sostuvo.
Una baja ejecución presupuestaria
Desde diversos sectores se apunta al Gobierno por alegar una eficiencia del Estado, mientras que la ejecución presupuestaria de sus principales Ministerios es baja. Este panorama, según Ledesma, responde no a un tema de eficiencia, sino a la entrega de recursos por parte del Ministerio de Finanzas.
Insistió en que, al efectivizar las desvinculaciones de servidores que implicarían un "costo que genera ineficiencia", podría abrirse paso a la inversión y, a su vez, mayores incentivos para la generación de empleo a través de obras en ejecución.
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