Valentina Centeno: La Ley de Solidaridad Nacional busca debilitar estructuras criminales sin vulnerar derechos humanos
En entrevista con NotiMundo A La Carta, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que la normativa busca combatir el crimen respetando los derechos humanos. Destacó que el eje central del proyecto es fomentar la solidaridad nacional, permitiendo que las empresas privadas destinen hasta el 30% de su impuesto a la renta al fortalecimiento de la seguridad pública.
Centeno enfatizó que la propuesta incluye un enfoque integral, que abarca medidas penales, económicas y sociales.
Uno de sus puntos clave es la creación de un régimen penal especializado, concebido como una herramienta excepcional frente al avance del crimen organizado. Este régimen permitirá sancionar no solo los delitos, sino también la pertenencia a organizaciones delictivas, a fin de evitar el reclutamiento de nuevos integrantes.
Para prevenir posibles abusos en la aplicación de estas medidas, se contempla un control posterior ejercido por jueces con formación especializada en crimen organizado. Además, se prevé la capacitación de jueces anticorrupción, quienes estarán encargados de procesar estos casos con mayor eficiencia.
Otra reforma relevante es la ampliación del plazo de intervención judicial de 15 a 90 días, con el objetivo de garantizar una justicia más efectiva y adaptada a la complejidad de estos delitos.
En cuanto al incentivo tributario incluido en la ley, Centeno aclaró que no se trata de una condonación fiscal, sino de un mecanismo de donación voluntaria. Las empresas podrán canalizar parte de sus tributos a proyectos de seguridad sin que esto afecte los ingresos estatales, permitiendo una redistribución más eficiente de los recursos.
Finalmente, la legisladora destacó que el proyecto busca un equilibrio entre la necesidad de fortalecer la seguridad y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Por ello, se han incorporado disposiciones que garantizan el uso progresivo de la fuerza por parte de los organismos de control, limitado exclusivamente a organizaciones criminales, con el objetivo de proteger a la población civil.
"El proyecto busca un equilibrio entre fortalecer la seguridad y respetar irrestrictamente los derechos fundamentales, limitando el uso progresivo de la fuerza solo a organizaciones criminales para proteger a la población civil." Concluyó
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