Eutanasia en Ecuador
La eutanasia a la que accedió María, de 48 años, se realizó el pasado jueves 8 de mayo en su domicilio, en la ciudad de Guayaquil. La paciente solicitó una medida cautelar ante una jueza Constitucional para que el IESS elabore los protocolos respectivos y designe al comité que revisa las solicitudes de eutanasia.
La jueza a cargo del caso falló a favor de la solicitud y estableció un plazo límite para su ejecución. Todo esto ocurrió como resultado del legado de Paola Roldán, quien logró la despenalización de la eutanasia en Ecuador.
El equipo legal de Paola presentó, en agosto de 2023, una demanda de inconstitucionalidad al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, que establecía como un delito el ayudar a una persona que, expresamente, desee optar por la eutanasia.
La demanda fue aceptada en septiembre de ese mismo año, y el febrero de 2024 la Corte Constitucional despenalizó el proceso, siempre y cuando quien acuda al mismo exprese su consentimiento inequívoco, libre e informado (o a través de un representante en caso de no poder expresarlo), y padezca una lesión corporal grave e irreversible producto de una enfermedad grave e incurable.
Farith Simon, abogado constitucionalista, y uno de los juristas que integró la defensa de Paola Roldán en su momento, lamentó que pese al dictamen de la Corte se dio en febrero del año pasado, el primer caso de acceso a la eutanasia haya ocurrido 15 meses después del dictamen.
Pese a que, a su criterio, la Corte dejó abierta la vía para que una persona que padezca de una enfermedad grave e incurable o enfrente una lesión irreversible que genere sufrimiento acceda a la eutanasia, Simon consideró el procedimiento se enmarcó en un "exceso de formalización" y trámites burocráticos. Precisó que, el reglamento de ejecución presentado por el Ministerio de Salud cumple con parámetros legales que, para una persona que padece de un dolor prolongado y constante resulta excesivamente burocrático.
En este documento, se incluye la expresión del consentimiento libre y voluntario para quien desee hacer uso de su derecho una muerte asistida y la verificación de un comité de médicos, que certifique el estado del paciente y que este no registra enfermedades mentales.
De acuerdo con Simon, una de las razones por la cual luego de 15 meses de la sentencia de la Corte existe apenas un caso de acceso a la eutanasia, es el temor de los médicos por completar el proceso.
"Al final del día, ningún médico, hospital o componente del sistema de salud iba a hacer algo si no estaba totalmente protegido frente a eventuales demandas", dijo.
Barreras culturales y estructurales
Una vez emitida la sentencia de la Corte Constitucional en torno al acceso de la eutanasia en Ecuador, las barreras que restan según Farith Simon, son de carácter estructural y cultural. Al ser este un proceso eminentemente médico, las complejidades, dijo, surgen desde la subjetividad y las garantías del consentimiento entregado por el paciente. Es decir, que este sea otorgado de manera libre y voluntaria.
"La razón final es que las personas puedan decidir sobre su cuerpo (...) la defensa que se hizo en nombre de Paola era la búsqueda que las personas puedan morir con dignidad", sostuvo.
Por otro lado, existe una corriente de personas que, en su momento, se opusieron a al acceso de la eutanasia, desde el surgimiento del caso de Paola Roldán. Esta tendencia, según Simon, responde a una inclinación cultural que en el caso de conocer el nombre de los médicos que realizaron el procedimiento a "María", pudieron haber ocasionado problemas posteriores o, incluso, denuncias penales.
"No hay que debatir la eutanasia como un derecho en el país, porque eso ya está, lo que hay que debatir es cómo", insistió.
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