Control electoral y procesos abiertos
Aguinaga señala que el relevo en la presidencia del CNE era un cambio que debía producirse desde hace tiempo. Recuerda que Diana Atamaint dirigió la institución desde 2019, período en el que se desarrollaron siete procesos electorales y se administraron más de 800 millones de dólares en donde no se han observado mejoras significativas en los sistemas tecnológicos ni en los mecanismos de control electoral.
Además, tanto Atamaint como el exvicepresidente Enrique Pita continúan formando parte del organismo como consejeros.
Uno de los temas que más cuestiona es la decisión de adelantar las elecciones seccionales a noviembre de 2026. Aunque reconoce que la medida es legal, la considera ilegítima porque modifica las reglas del proceso una vez que este ya estaba en marcha. A su criterio, esta decisión favorece principalmente a las fuerzas políticas que protagonizan la actual polarización nacional. También advierte que las restricciones que han afectado a ciertas organizaciones políticas podrían provocar que varios candidatos busquen participar a través de diferentes movimientos, configurando un escenario electoral complejo y fragmentado.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral también muestra preocupación por la falta de control sobre el financiamiento político y la ausencia de procesos democráticos internos en muchas organizaciones. Según explica, esto podría llevar a que los ciudadanos terminen votando por candidatos poco conocidos.
En el caso de Quito, prevé una elección similar a la de procesos anteriores, donde la gran cantidad de aspirantes podría permitir que el ganador alcance la Alcaldía con apenas alrededor del 20% de los votos. Además, considera que los temas que realmente preocupan a la ciudadanía son la seguridad y el empleo, factores que tendrán un peso determinante al momento de elegir autoridades.
Finalmente, Aguinaga hace un llamado a fortalecer los controles electorales y garantizar procesos abiertos, transparentes y competitivos. Reconoce que, si se mantienen las condiciones actuales y se mejoran los sistemas de verificación del CNE, los resultados podrían ser confiables. Sin embargo, advierte que la democracia ecuatoriana todavía enfrenta retos importantes, desde la corrupción en algunos gobiernos locales hasta la falta de madurez política para construir acuerdos. Por ello, insiste en la necesidad de que los ciudadanos elijan líderes capaces de administrar eficientemente sus ciudades y responder a las verdaderas necesidades de la población.