la respuesta debe centrarse en prevención y fortalecer la justicia
El abogado Pablo David Portilla recuerda que esta propuesta ya fue impulsada por el Ejecutivo el año pasado y explica que, desde el punto de vista penal y constitucional, podría llegar a ser viable, aunque existen aspectos que deben definirse con precisión.
Entre ellos, el momento en que se aplicaría la medida y el mecanismo que se utilizaría. La propuesta planteada en Ecuador contempla la aplicación de un fármaco mediante inyección para reducir los niveles de testosterona y disminuir el deseo sexual, un tratamiento que, además, es reversible.
Sin embargo, Portilla recuerda que la Constitución establece que el delito de violación no se limita a la penetración con el miembro viril, sino que también puede cometerse mediante objetos, manos u otras formas de agresión. Precisamente por esa falta de precisión, la Corte Constitucional concluyó que la propuesta presentada por el Ejecutivo no podía tramitarse mediante una reforma parcial, al considerar que era indeterminada y que no existía evidencia suficiente para demostrar que la castración química reduzca por sí sola la reincidencia en delitos sexuales.
Para Paola Andrade, la castración química no representa una solución real. La activista sostiene que una persona que agrede sexualmente a un niño, niña o adolescente no dejará de ser un violador únicamente porque disminuya su deseo sexual, ya que podría continuar cometiendo estos delitos utilizando otros medios.
Por ello, considera que la prioridad debe ser garantizar penas de prisión efectivas y una justicia que funcione con rapidez. Andrade afirma que apenas alrededor del 4 % de las denuncias por agresión o violencia sexual llegan a una sentencia, mientras que los procesos judiciales tardan tanto que, aun si existiera la castración química, su aplicación llegaría demasiado tarde.
Además, cuestiona la falta de acompañamiento psicológico para las víctimas durante el juicio y sostiene que el sistema termina revictimizando a los menores de edad. "El niño es violado por el agresor y luego por el sistema", afirma.
También propone la creación de una comisión especializada que estudie las fallas del sistema de justicia y permita acelerar estos procesos, garantizando que los agresores no vuelvan a cometer delitos sexuales.
Portilla compara este debate con el incremento de penas para otros delitos y asegura que la experiencia demuestra que endurecer las sanciones, no reduce la delincuencia.
Paola menciona que la verdadera respuesta debe centrarse en fortalecer el sistema judicial y la prevención asegura que hasta el 96 % de los casos de violencia sexual podrían prevenirse con políticas públicas adecuadas, educación y mecanismos de protección temprana.
Ambos recuerdan que en varios países la castración química existe, pero generalmente se aplica de manera voluntaria, como parte de acuerdos judiciales o tratamientos para reducir condenas, y no como una sanción obligatoria.
Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, Portilla explica que una eventual implementación de esta medida en Ecuador únicamente podría avanzar mediante un referéndum. Mientras tanto, Andrade califica el anuncio presidencial como una medida populista y sostiene que el problema no es la falta de penas, sino una justicia que, en la práctica, sigue favoreciendo al agresor antes que a las víctimas.