Crimen organizado y violencia: los retos que enfrenta Ecuador
Rivera advierte que no existe evidencia suficiente para afirmar que los estados de excepción o los toques de queda reduzcan por sí solos los índices criminales. Para el especialista, la aparente disminución responde también a la forma en que los grupos delictivos reorganizan sus alianzas y disputan el control territorial.
Sobre Quito, explica que la ciudad mantiene una tasa de homicidios relativamente baja frente a otras ciudades latinoamericanas, de entre 8 y 10 muertes intencionales por cada 100.000 habitantes; sin embargo, el incremento frente a años anteriores debe ser tomado en cuenta. Además, por ser una de las ciudades más pobladas del país, la capital mantiene rutas de microtráfico y una presencia de armas de fuego menor que la registrada en otras ciudades, por lo que la respuesta de las autoridades debería adaptarse a su realidad.
En Quito, la droga no necesariamente llega al centro de la ciudad. Rivera señala que el movimiento puede darse por bodegas, zonas cercanas al aeropuerto y sectores periféricos. Entre las posibles rutas menciona el ingreso por Baeza hacia Quito, el paso por Puembo y la distribución posterior hacia las periferias y otras ciudades.
A escala nacional, las provincias que concentran la mayor cantidad de violencia son Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro, una situación que, según el experto, se mantiene históricamente y que también incluye a Sucumbíos y Esmeraldas desde la década de 1980. La medición se realiza principalmente a partir de la cantidad de homicidios registrados.
En su análisis, explica que la mayoría de estos casos serían homicidios intencionales vinculados con pactos o enfrentamientos entre grupos criminales. En El Oro, además, identifica una fragmentación de Los Lobos que se mantiene desde hace aproximadamente dos años, mientras los grupos de delincuencia organizada se fortalecen por el control territorial y el acceso a armas de fuego.
Para Rivera, la política pública no debe concentrarse únicamente en enviar a más personas a la cárcel. También es necesario reducir la disponibilidad y el acceso a armas ilícitas, un aspecto del que, considera, todavía se habla poco. El experto sostiene que los patrullajes son importantes, pero deben complementarse con modelos de prevención del delito y de la violencia.
En cuanto a las extorsiones, advierte que, aunque este delito continúa en auge, no se registra la misma cantidad de denuncias que el año pasado. Esto no necesariamente significa que haya menos casos, sino que puede existir una falta de confianza ciudadana y que las personas prefieren no denunciar.
Frente a este escenario, Rivera plantea que el país debe fortalecer la prevención, recuperar la confianza de la ciudadanía y entender que la reducción de homicidios no siempre representa una disminución real del crimen organizado, sino también una posible reorganización de sus territorios y actividades.