Del 27 al 31 de julio inicia la etapa de impugnación

¿El mejor candidato o el mejor padrino? Las dudas que rodean al concurso para Fiscal General

El concurso para elegir al próximo Fiscal General del Estado avanza, pero bajo varios cuestionamientos. La abogada y directora del Observatorio de Derechos y Justicia, Lolo Miño, advierte que el proceso llega a su etapa de impugnación con un desgaste en su legitimidad y con varias dudas sobre la transparencia de las diferentes fases. Del 27 al 31 de julio, la ciudadanía podrá presentar objeciones contra los 27 postulantes que continúan en carrera.

Para Miño, los problemas comenzaron desde el inicio. "Este concurso arrancó mal y ha estado marcado por cuestionamientos en prácticamente todas sus etapas", señala. Uno de los principales puntos de discusión ha sido la calificación de méritos de los aspirantes, ya que varios postulantes manifestaron su inconformidad con las puntuaciones obtenidas. La experta sostiene que, cuando existen dudas sobre cómo se evalúa a los candidatos, también se pone en entredicho la credibilidad del proceso y de la autoridad que resulte electa.

La directora del Observatorio considera que el problema es estructural y que se evidencia incluso en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. 

"Estos concursos históricamente han tenido una carga política. Muchas veces pareciera que quien tiene el mejor padrino es quien termina ganando", afirma. A su criterio, esta situación ha provocado que destacados juristas y penalistas prefieran mantenerse al margen para no afectar su reputación, una pérdida significativa para el país. Además, recuerda que el proceso estuvo paralizado durante varias semanas antes de retomar su curso hacia la fase de impugnación.

Tras las impugnaciones, el concurso deberá avanzar hacia la etapa oral y, según el cronograma actualizado, el CPCCS prevé designar a la nueva autoridad entre octubre y noviembre de 2026. Sin embargo, Miño considera que los antecedentes hacen difícil asegurar que los plazos se cumplirán. "Existe una preocupación legítima sobre si el proceso se está llevando correctamente", explica. La especialista añade que anular el concurso tampoco sería una solución ideal, ya que implicaría extender el encargo del actual fiscal subrogante, una figura que también ha recibido críticas.

Finalmente, la abogada sostiene que la salida más adecuada es transparentar y corregir las etapas que han sido más cuestionadas.

Desde el Observatorio de Derechos y Justicia, asegura, se han presentado recomendaciones para fortalecer el proceso, aunque lamenta que estas no hayan sido acogidas de la mejor manera por las autoridades. Mientras tanto, el país sigue atento a una designación clave para el sistema judicial, con la esperanza de que el próximo Fiscal General llegue al cargo con la legitimidad que la institución necesita.