La preocupación, explica Carrión, nace de la expansión de la violencia hacia todo el territorio nacional. Recuerda que años atrás el problema se concentraba principalmente en zonas costeras y portuarias, pero ahora Quito enfrenta un escenario distinto.
Según señala, la tasa de violencia en la capital pasó de niveles inferiores al 10 % a cerca del 22 %, impulsada por la presencia de las principales estructuras criminales del país. Actualmente, asegura, existen más de 44 organizaciones que podrían ser catalogadas como terroristas.
A su criterio, la captura de cabecillas ha provocado que estas bandas se fragmenten y den origen a nuevos grupos, diversificando la violencia. Entre las organizaciones con mayor presencia en Quito menciona a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones.
El especialista sostiene que uno de los hechos más alarmantes fue el hallazgo de un cuerpo decapitado y colgado de un puente en la capital, un caso que califica como un "cadáver-mensaje", una práctica que anteriormente era común en países como México y en ciudades como Guayaquil, pero no en Quito.
Además, alerta sobre el crecimiento de las extorsiones o "vacunas" en distintos barrios, un fenómeno que describe como la venta de seguridad por parte de grupos criminales que buscan controlar territorios e imponer una gobernanza delictiva. Esto, afirma, no solo incrementa la inseguridad, sino que también obliga a comerciantes y familias a abandonar sus negocios y viviendas, afectando la economía, la inversión y el empleo.
Respecto al plan presentado por el presidente Daniel Noboa, que contempla el despliegue de 4.000 uniformados, drones, vehículos y controles en sectores estratégicos de la ciudad, Carrión considera que la ubicación inicial de los operativos es adecuada, aunque cree que también deben fortalecerse los barrios del extremo norte y sur de Quito.
Sin embargo, advierte que la presencia militar y policial puede generar un "efecto globo", es decir, que las bandas se trasladen hacia otras ciudades del país.
A su juicio, el verdadero reto pasa por construir un sistema integral de inteligencia, fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional y el Municipio, combatir la corrupción dentro del sistema de justicia, donde según afirma, opera la lógica de "plata o plomo" para presionar a jueces, e involucrar a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en una estrategia sostenida para enfrentar al crimen organizado.