Choque frontal por libertad mediática.
La tensión entre los medios públicos de Estados Unidos y la administración de Donald Trump escaló esta semana. La Radio Nacional Pública (NPR), junto con otras emisoras locales, presentó una demanda federal contra el expresidente por haber ordenado recortes presupuestarios que afectan directamente la operación de estas instituciones mediáticas.
La demanda, presentada el martes, plantea una grave preocupación constitucional. NPR sostiene que el decreto de Trump viola la Primera Enmienda, al intentar censurar indirectamente contenidos críticos reduciendo su presupuesto al mínimo legal y cancelando cualquier futura financiación. Esta acción, alegan, representa un uso inconstitucional del poder presidencial.
¿Qué plantea la demanda?
• Violación a la libertad de expresión: NPR argumenta que el recorte presupuestario es una forma de castigo político por su línea editorial, lo que atenta directamente contra el derecho a la libre prensa.
• Usurpación del poder del Congreso: Según los demandantes, Trump intentó anular la autoridad del Congreso, que es el organismo legalmente encargado de decidir el destino de los fondos públicos.
• Acusaciones de sesgo: El expresidente ha acusado en varias ocasiones a NPR y PBS de tener una inclinación izquierdista, justificando así su orden ejecutiva como un acto correctivo, no político.
• Impacto en emisoras locales: Aunque NPR recibe apenas el 1% de su presupuesto de fondos federales, para muchas de sus 1.300 afiliadas esa cifra representa entre el 8% y el 10% de sus ingresos. Algunas, como la Radio Pública de Aspen y la KSUT (que transmite a comunidades indígenas), se sumaron a la demanda.
• Precedente preocupante: No es la primera ofensiva de la administración Trump contra medios públicos. En marzo ya había ordenado el cierre de la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales, provocando el cese de operaciones de Voz de América y la pérdida de 1.300 empleos.