Votaciones 2025
El invitado fue Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, ofreció un repaso histórico y un análisis crítico sobre el papel de estos procesos en la vida democrática del país. La conversación se dio en un contexto marcado por el anuncio de una nueva consulta popular prevista para finales de este 2025.
Aguinaga señaló que, desde el retorno a la democracia, Ecuador ha atravesado trece consultas populares, utilizadas en muchos casos como instrumentos de legitimación política más que como mecanismos de solución de problemas estructurales. Recordó que expresidentes como Fabián Alarcón, Rafael Correa y Lenín Moreno recurrieron a ellas en momentos clave de sus mandatos. "Han servido para medir popularidad y para impulsar ciertos cambios, pero no necesariamente para resolver los grandes males del país", indicó.
El exfuncionario electoral también cuestionó la pertinencia de lanzar una consulta en medio de la actual coyuntura política y económica, cuando la popularidad presidencial comienza a disminuir y la ciudadanía demanda respuestas urgentes en seguridad, salud y corrupción. En ese sentido, consideró que la formulación de preguntas carece aún de solidez y que podría terminar debilitando más la credibilidad del gobierno si no se ajusta la estrategia.
Uno de los puntos más debatidos fue el alto costo económico de estos procesos. Aguinaga explicó que cada consulta puede bordear los 60 millones de dólares, lo que equivale a unos tres dólares por elector. "Hemos gastado una gran cantidad de recursos en consultas que, en muchos casos, no han tenido un impacto real en mejorar la institucionalidad democrática", advirtió. Según dijo, si se convoca a un referéndum o consulta, debe ser con preguntas de fondo que justifiquen semejante inversión.
Finalmente, el experto resaltó que la raíz de la crisis democrática ecuatoriana no se soluciona únicamente con consultas populares, sino con una verdadera reforma institucional y ética pública. Criticó la falta de transparencia en la designación de autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, organismos que siguen siendo objeto de disputas políticas. "Si no hay instituciones sólidas, las consultas pierden sentido", concluyó Aguinaga, en un llamado a repensar el valor y la utilidad de este mecanismo de democracia directa.