Ambientalistas afirman que más de 3.000 hectáreas han sido afectadas en Napo a causa de la minería ilegal
Tras el XVI Gabinete Binacional Ecuador - Perú, los presidentes Daniel Noboa y José Jerí acordaron luchar en conjunto contra el crimen organizado y la minería ilegal, especialmente en la zona fronteriza.
Entre las acciones anunciadas está la implementación de operaciones militares en los límites entre Ecuador y Perú para evitar el tráfico de armas y la minería ilegal.
En NotiMundo al Día, José Moreno, representante del colectivo Napo Ama la Vida, lamentó que, pese a los anuncios oficiales, la situación en la provincia continúe siendo crítica y, antes de controlarlo y erradicarlo, el problema continúa expandiéndose.
Uno de las principales secuelas de esta práctica, dijo Moreno, es la contaminación del agua, que impacta directamente en las comunidades que se encuentran en las riberas de los afluentes.
"Esto conlleva a que los principales afectados sean los niños y adolescentes, que consumen el agua de forma directa del río", apuntó.
A esto se suma la problemática de los desplazamientos. Según Moreno, existen familias que han debido abandonar sus hogares para que los operadores mineros puedan continuar con sus operaciones.
Sobre los acuerdos anunciados entre los mandatarios de Perú y Ecuador, Moreno consideró que será muy complejo que las acciones generen buenos resultados, pues para ejecutar un trabajo binacional es necesario que primero se mantenga el control interno del territorio, para después controlar las fronteras, y eso es algo que no ha ocurrido hasta el momento, declaró.
Según Moreno, el control eficaz a la minería ilegal no ha tenido mayores avances porque en esta práctica estarían involucradas autoridades locales y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes dotarían de combustible y maquinaria para los mineros ilegales.
"En Napo, desde el 2020 se viene denunciando la participación de alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, que en muchos casos son dueños de concesiones ilegales", alertó.
Según estimaciones del colectivo Napo Ama la Vida, 2025 termina con un promedio que sobrepasa las 3.000 hectáreas de afectación a causa de la minería ilegal en esa provincia.
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