Violencia sistema educativo
En NotiMundo a la Carta, Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad, indicó que es prioritario establecer un marco legal que fortalezca el rol de los docentes y recupere el orden en las aulas.
Castillo señaló que en sectores como Nueva Prosperidad y Durán, la deserción escolar alcanza el 25%, influenciada por la actividad delictiva. Explicó que esta problemática se intensifica porque muchos adolescentes ingresan, de forma voluntaria, a estas estructuras ilegales, generando un ciclo de violencia y abandono académico que requiere intervención urgente.
Añadió que el 89% de los jóvenes fallecidos en enfrentamientos con estas agrupaciones tienen entre 14 y 17 años, lo que a su juicio refleja la gravedad del contexto y refuerza la urgencia de aplicar estrategias eficaces para proteger a esta población y fomentar su permanencia en un entorno educativo seguro.
Castillo también manifestó que es imprescindible establecer herramientas legales que fortalezcan el rol de los maestros dentro de las aulas. Recalcó que la ausencia de políticas claras permite que muchos estudiantes se sientan impunes y expuestos a la captación por parte de grupos ilegales, lo que compromete no solo la integridad física, sino también la calidad del proceso de enseñanza.
Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la organización docente, compareció este miércoles ante la misma comisión, donde informó que existirían alrededor de 500 casos de extorsión contra profesores en unidades educativas. Ante ello, exhortó al Ejecutivo a poner en marcha un plan nacional de reinserción escolar que permita recuperar a los estudiantes en riesgo.
En respuesta, Gustavo Ayala, viceministro de Educación, puso en duda la cifra expuesta por la UNE y lamentó que, pese a las denuncias, los casos no hayan sido canalizados formalmente ante la Cartera de Estado ni el Ministerio del Interior. Señaló que las provincias con mayores reportes de violencia contra docentes son Manabí, Santo Domingo, Guayas y Azuay, aunque aclaró que la mayoría de estos hechos ocurren fuera de los establecimientos educativos.
Además, Ayala informó que la cartera educativa dispone de ocho protocolos activos que orientan la actuación frente a situaciones de violencia en centros escolares, y que se preparan nuevas iniciativas para fortalecer el bienestar de la comunidad estudiantil.
El vicepresidente de la comisión subrayó la urgencia de establecer una coordinación efectiva entre el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional. Propuso que se asignen fondos específicos para reforzar la protección en los planteles, incluyendo acciones preventivas y mejoras en la infraestructura.
Finalmente, Castillo señaló que la recuperación del entorno escolar no depende únicamente del Estado, sino que exige la participación activa de padres de familia y comunidades. Recalcó que solo con un compromiso conjunto será posible restablecer la seguridad y la disciplina en las aulas.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa