Fiscalización
Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La votación estuvo impulsada por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados legislativos, consolidando el juicio político tramitado por presunto incumplimiento de funciones constitucionales y legales.
La acusación: Conflicto de intereses por reunión con aspirante a fiscal
El proceso fue impulsado por el asambleísta Sergio Peña, exlegislador de la Revolución Ciudadana que actualmente vota junto al oficialismo. La acusación central sostuvo que Rosero incurrió en un directo conflicto de intereses —infracción tipificada en el artículo 45, numeral 2, y en el artículo 43, numeral 5, de la Ley Orgánica del Cpccs— al sostener una reunión no transparentada el 5 de junio de 2026 con Inés Maritza Romero, quien en esa fecha se desempeñaba como postulante en el concurso para Fiscal General del Estado.
Según la argumentación del bloque interpelante, la actuación del consejero vulneró los principios rectores de independencia y transparencia que rigen al organismo de control.
Durante la interpelación parlamentaria, que inició tras la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Peña presentó un conjunto de pruebas técnicas:
- Peritajes informáticos y morfológicos: Se evaluaron cuatro fotografías del supuesto encuentro. Los análisis informáticos determinaron que las imágenes no registraron alteración digital, mientras que los peritajes morfológicos identificaron entre 12 y 14 puntos de coincidencia anatómica entre las personas retratadas y el consejero Rosero e Inés Romero.
- Rastreo por señal GPS: Se exhibió el informe de ubicación de la señal GPS del vehículo oficial asignado a Rosero, el cual registró su presencia cerca de las 22:00 a 500 metros de una vivienda registrada a nombre de la jueza Inés Romero.
- Registros de vuelo: Frente al argumento inicial de la defensa de haber permanecido en Guayaquil cumpliendo agenda institucional, se mostraron reportes de transporte aéreo que certificaron su arribo a Quito a las 17:30 de ese mismo día.
La defensa de Rosero: Cuestionamiento a las pruebas y acusación de persecución
En su alegato de descargo ante el Pleno, David Rosero rechazó las acusaciones, calificándolas de "erradas y antitécnicas". El funcionario remarcó que las imágenes empleadas carecen de trazabilidad, metadatos y cadena de custodia, por lo que no es posible determinar la hora, el lugar ni la cámara original de captura.
Rosero sostuvo que tras aterrizar en Quito se dirigió inmediatamente a Ibarra trasladado por su conductor asignado. Asimismo, proyectó un video en el que Inés Romero niega haberse reunido con él y señala haber presentado una denuncia penal ante la Fiscalía por suplantación de identidad.
El consejero destituido afirmó que el juzgamiento respondió al objetivo de "dar la estocada final" al concurso de Fiscal General del Estado, buscando reconfigurar la mayoría del Cpccs para asegurar la designación de un titular afín.
La Revolución Ciudadana (RC) optó por la abstención al considerar que las pruebas presentadas por el interpelante no resultaron convincentes. La bancada argumentó que el trasfondo real de la destitución es controlar la mayoría del Cpccs antes de la designación del nuevo Fiscal General, proceso en el que Carlos Alarcón figura entre los postulantes destacados.
Con la aprobación de la censura y destitución, el Parlamento remueve a Rosero e inhabilita su ejercicio en el cargo.