Asesinato de Tomás Beltrán revela el fracaso del Estado en la protección de la labor periodística, sostiene Fundamedios
La víctima, director del medio digital Calcetines, fue atacada por sujetos armados cuando ingresaba a su vivienda, la noche del domingo 8 de noviembre de 2026.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el crimen y reclamó a las autoridades ecuatorianas "una investigación exhaustiva y expedita" para identificar a los autores materiales e intelectuales, y esclarecer las circunstancias y motivaciones del atentado.
"Es inadmisible que un periodista que había denunciado amenazas y contaba con medidas de protección haya sido asesinado", lamentó Carlos Jornet, presidente de la SIP.
Jornet, director del medio La Voz del Interior, de Argentina, insistió en que "no puede haber impunidad ni indiferencia frente a la violencia contra quienes ejercen el periodismo".
En NotiMundo al Día, César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, señaló que el comunicador había recibido amenazas desde 2023 y en 2024 delincuentes quemaron con ácido su vehículo, por lo que fue reubicado por la Mesa de Articulación de Protección de Periodistas.
Este 2026, los advertencias en su contra se incrementaron, tras denunciar en abril a la alcaldesa de Bolívar, Ledy Muñoz, candidata a la reelección por ADN, por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras estas nuevas amenazas, Beltrán fue nuevamente reubicado, esta vez con asistencia de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Sin embargo, el periodista decidió regresar a su ciudad, debido a la delicada situación de salud de su madre.
Pese a haber sido incorporado en mayo de 2025 al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, su vida fue arrebatada a tiros.
Previamente, dos colaboradores de su medio de comunicación también fueron asesinados, mientras se hacían distintas denuncias de casos de corrupción en gobiernos locales de la provincia.
Ricaurte recordó que, anteriormente, Beltrán se desempeñó como funcionario municipal y era un informante. "Salió del Municipio, se monta su propio medio y continuó con las denuncias de posibles casos de corrupción en el Municipio de Bolívar", acotó.
Este caso conmueve y preocupa, dijo Ricaurte, porque "era un crimen anunciado".
"Desde la sociedad civil hicimos lo que pudimos. Gestionamos ante Fiscalía que se incrementen las medidas de seguridad, pero esto demuestra que las condiciones en las que trabajan los periodistas en muchas zonas del país están al límite; no se hace absolutamente nada", cuestionó.
Este y otros hechos revelan que desde el Estado se falla en la protección de periodistas y ciudadanos, lo cual es "inaceptable", sentenció.
A este caso se suman otros. Ricaurte indicó que al menos 15 periodistas han sido asistidos por Fundamedios para su reubicación a zonas seguras. "Cuando se los reubica es porque están al límite, con serias amenazas a su vida e integridad".
Añadió que la organización está en constante búsqueda de un diálogo con para que se investigue asesinatos de periodistas, de los cuales se reportaron seis en 2025, de los cuales la mayoría permanece en la impunidad.
"Vemos poca acción de parte del Estado", lamentó.
¿Se garantiza el acceso a la información en Ecuador?
Ricaurte también se refirió a las dificultades que enfrenta el periodismo para acceder a la información. La situación de la libertad de prensa sigue estando en niveles críticos, con 21 agresiones a periodistas solo en octubre de 2026.
"Se ha impuesto una cultura de falta de transparencia, de silenciamiento y oscuridad, donde se manejan figuras penales para tratar de acallar el debate público", apuntó.