Dos años de Noboa

Atender la deuda "institucional y jurídica" del país con las herramientas disponibles será el reto del Gobierno en los próximos años

La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue rechazada por la ciudadanía en la consulta popular del pasado 16 de noviembre.

Tres preguntas de referéndum y una de consulta popular fueron rechazadas por la ciudadanía el pasado 16 de noviembre con un respaldo mayoritario del 'NO', una derrota electoral que fue reconocida por el presidente Daniel Noboa.

Para el abogado constitucionalista José Chalco, el revés del Gobierno en las urnas debe ser visto como un escenario para atender la "deuda institucional y jurídica" en el país, que involucraría falencias desde la Presidencia de la República hasta la Corte Constitucional. Algo que podría calificarse como una "acefalía" y ausencia de respeto a las normas del Ecuador.

Consideró que, el marco constitucional vigente con la opción de enmiendas y reformas son las únicas vías a utilizarse para realizar cambios en los distintos campos, debido a que una de las preguntas que generó mayor rechazo es la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

"¿Vamos a hablar de cambios constitucionales aún en el país o quizá nos ponemos a gobernar y hacer lo urgente con lo que tenemos?", cuestionó.

A criterio de Chalco, el pronunciamiento de la ciudadanía se centró en la inestabilidad que generaría la redacción de una nueva Carta Magna por al menos un año y medio, y las pocas garantías que existiría en torno a los perfiles que participarían en la construcción del nuevo texto constitucional.

Por ello, insistió en que, el pendiente del Gobierno será ahora usar las herramientas constitucionales disponibles con el apoyo de su bancada en la Asamblea Nacional.

Un ejemplo de esto, dijo, podría ser la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en dos tiempos. Es decir, primero retirarle sus facultades de selección de autoridades y, posteriormente, suprimirlo de la conformación del Estado.

Respeto a la ley

Para Chalco, todo lo que se implemente desde el Ejecutivo deberá enmarcarse en la ley. Ya sea la presentación de leyes económico urgentes, la emisión de estados de excepción, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, entre otras acciones.

Otra de las garantías, según Chalco, debe apuntar a la probidad de las autoridades y evitar injerencias en otros poderes del Estado. Consideró que, a puertas de la designación del máximo titular de la Fiscalía, será imprescindible velar porque sea una persona capacitada y aparta de vínculos políticos la que asuma el cargo.

"Es un tema de principios, más allá de perfiles. Es un tema de pensar en el país, antes que personas", sostuvo.

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