Cámara de Minería pide suspender la tasa de fiscalización, mientras se resuelve la demanda de inconstitucionalidad
La Cámara de Minería del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa de fiscalización minera, implementada por el Gobierno. De acuerdo con el sector, la tarifa es "técnica, jurídica y económicamente inviable" y carece de proporcionalidad.
La presidenta Ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva, señaló que esta medida tendría un impacto negativo en proyectos que se encuentran en fases de exploración, sobre los cuales existiría un efecto "desincentivador" de la inversión formal del país.
"Estamos abiertos al diálogo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a una medida que pone en riesgo la minería legal", dijo.
Desde el punto de vista jurídico, precisó Silva, el rubro cobrado por el Gobierno no puede catalogarse como una tasa, debido a que esta figura, por concepto, se atribuye al pago que da un administrado por una contraprestación. Al contrario, explicó, la medida de la Agencia de Regulación y Control Minero es un impuesto, y esa institución no tiene competencias para hacerlo. De ahí, señaló, se sustenta la inconstitucionalidad. A partir de allí, la Cámara pide la suspensión de la medida hasta que la Corte emita su resolución final.
A su criterio, el Ejecutivo está tratando de imponer el pago de rubros adicionales a un sector que ya cancela regalías, impuestos y ajustes soberanos. Por ello, advirtió que esta decisión que empezaría a cobrarse hasta el 31 de julio como parte del primer prorrateo, "ahuyenta" la inversión en la minería. Si bien la tasa afecta a todos los proyectos mineros, Silva precisó que existen casos que pueden ser catalogados como críticos. Entre ellos, constan iniciativas cuyo cobro de la tasa supera su presupuesto, o aún peor, que están por encima del valor entero de la empresa.
"Nos oponemos a que cambien las reglas del juego una vez que estamos en la cancha. Eso no se hace", enfatizó.
De acuerdo con Silva, la tarifa del Gobierno se basó sin entender cómo funciona el sector minero. Detalló que, actualmente, existen 6 proyectos que pueden ser considerados maduros y están próximos a iniciar sus construcciones. Por otro lado, existen otros que han explorado durante más de 12 años, y no han visto réditos económicos aún. Con la tarifa, el cobro aplicaría para iniciativas que perciban ingresos, e incluso para las que no.
"El mensaje que estamos dando es: señores, vayan a invertir en otro país", sostuvo.
Un diálogo fallido
Si bien representantes del sector minero se reunieron del Gobierno, nunca se instalaron las llamadas mesas técnicas para modificar o revisar la tasa de fiscalización, reveló Silva. Incluso, lamentó que esta no haya sido socializada tampoco con las empresas afectadas, mientras existía una serie de dudas de hacia dónde se destinarán los USD 229 millones que se estiman recaudar.
Las inconsistencias, según Silva, surgieron cuando se conoció que de la cifra total, USD 10 millones se invertirían en capacitaciones a funcionarios, al menos USD 22 millones para la compra de drones de rastreo, en costos que, dijo, son sumamente elevados y aumentarían al presupuesto de la Agencia de Regulación y Control.
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