La Comisión Nacional Anticorrupción entregó un expediente a la vicepresidenta y ministra de Salud encargada, María José Pinto, donde alerta una serie de irregularidades identificadas durante la gestión de Jimmy Martin como titular de Salud y Édgar Lama, como presidente del Consejo Directivo del IESS.
En el oficio, se denuncia que 174 proveedores habrían obtenido USD 240 millones mediante 244 procesos con anomalías. Con respecto al Seguro Social, la Comisión cuestionó la potencial contratación de la empresa Healthbird. Alertó que este proceso implicaría un egreso de USD 37.7 millones a una firma que carece de experiencia en el desarrollo de modelos digitales de gestión hospitalaria, así como en la agenda de citas, exámenes y derivaciones.
La vicepresidenta María José Pinto lleva cerca de dos semanas como encargada del Ministerio de Salud, tras la salida de Jimmy Martin de esa Cartera de Estado. Se trata del sexto funcionario que ocupa ese cargo y que, según Juan Barriga, coordinador del área de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, refleja una improvisación en el sector de la salud y una falta de política del ramo.
El cambio constante de autoridades, lamentó, se traduce en el desabastecimiento de hospitales y en trabas en procesos de contratación previos a la centralización en la compra de medicinas e insumos. Pero, más allá de este aspecto, cuestionó Barriga, debe apuntar a un perfil capacitado, en lugar de un tinte político.
"Debería dejar de ser un puesto político el que normalmente lo hace. Los procesos encaminados ninguno sirve, porque se cortan cuando cambian de Ministro", dijo.
Si bien Barriga prefirió no referirse al perfil de María José Pinto como ministra encargada de Salud, destacó la importancia de estar presente en hospitales de la red pública para conocer sus necesidades y rodearse de personal capacitado para ejercer su profesión.
Desde la creación del Comité de Salud, la propuesta fue la compra centralizada de medicinas para abastecer a los hospitales. Según el Gobierno, el suministro superó el 70% en la mayoría de centros de salud, algo que, según Barriga, no se evidenció en el Hospital Pablo Arturo Suárez.
"Si es que lo hubo, se saltaron el Pablo Arturo Suárez y algunos hospitales más", cuestionó.
Por otro lado, reconoció que el reto del Gobierno, además del abastecimiento de hospitales, es combatir las mafias enquistadas en el sistema de salud.
"Siguen existiendo las mafias (...) nosotros seguimos en las mismas. No tengo empacho en decirle que los pacientes compran todas las cosas", sostuvo.
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