Magnicidio FV:
Después de más de cuatro horas de lectura de su resolución, el juez de Pichincha Geovanny Freire llamó a juicio a los siete procesados por su presunta participación, como autores mediatos, en la planificación y coordinación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado el 9 de agosto de 2023. La diligencia comenzó poco después de las 09:00 de este jueves 5 de noviembre de 2026 y terminó cerca de las 15:00, con una interrupción por una amenaza de bomba en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
La decisión comprende a los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias 'Pipo', identificado como su máximo líder; Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor'; y Luis Arboleda, alias 'Gordo Luis'. También fueron llamados a juicio el exministro del correísmo José Serrano; Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, condenado por actos de corrupción en los sectores de la salud y la justicia.
Casi tres meses después de suspender la audiencia preparatoria de juicio, el 14 de agosto pasado, Freire reinstaló la diligencia en el segundo intento y comunicó su resolución, luego de concluir el análisis de los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de las defensas técnicas.
Para el magistrado, la investigación fiscal reúne suficientes elementos de convicción para sustentar la hipótesis de que existió una estructura encargada de planificar, financiar, coordinar y ejecutar el asesinato de Villavicencio, quien fue candidato presidencial por la alianza Gente Buena-Construye.
En su resolución oral, el juez señaló que los testimonios, las comunicaciones electrónicas, los informes policiales y periciales, la documentación financiera y los antecedentes sobre las organizaciones criminales investigadas permiten reconstruir las circunstancias del atentado e identificar posibles conexiones con las conductas atribuidas a cada procesado.
Freire también indicó que examinó los cuestionamientos de las defensas, las diferencias entre determinadas fuentes de investigación y las objeciones sobre la admisibilidad de los elementos incorporados al expediente. Sin embargo, concluyó que esos argumentos no restan sustento suficiente a la acusación fiscal.
El magistrado precisó que su análisis responde al estándar probatorio de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Esta fase exige elementos suficientes para que la acusación sea discutida ante un tribunal, pero no requiere el grado de certeza necesario para establecer una condena.
Con ese razonamiento, dictó el auto de llamamiento a juicio contra los siete procesados por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Freire aclaró que la responsabilidad penal de los acusados todavía deberá ser determinada por el Tribunal de Garantías Penales competente, a partir de las pruebas que se presenten y practiquen durante el juicio, bajo los principios de inmediación, contradicción y presunción de inocencia.
El juez sostuvo que los elementos expuestos por la Fiscalía permiten establecer relaciones entre las presuntas actuaciones de planificación, financiación, coordinación y ejecución del crimen, así como las conductas atribuidas individualmente a los siete procesados. Por ello, consideró que existen fundamentos para que el caso pase a conocimiento de un tribunal.
Prisión preventiva y tres procesados declarados prófugos
En la misma resolución, Freire ratificó la prisión preventiva para los siete procesados. Además, declaró prófugos de la justicia a Xavier Jordán, Ronny Aleaga y Wilmer Chavarría, quienes actualmente se encuentran fuera del alcance de las autoridades ecuatorianas.
Jordán permanece detenido en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso migratorio; Chavarría está detenido en España, donde se encuentra en trámite un procedimiento de extradición; y Aleaga estaría refugiado en Venezuela. Sobre Daniel Salcedo, quien fue extraditado a Estados Unidos días atrás, el magistrado no emitió un pronunciamiento específico.
En el caso de Jordán, Aleaga y Chavarría, el juez dejó en suspenso la etapa de juzgamiento, ya que la legislación ecuatoriana no contempla el juzgamiento en ausencia por el delito de asesinato. No obstante, dispuso que continúen vigentes las órdenes de localización y captura a escala nacional e internacional.
Como medidas adicionales, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y la retención de las cuentas bancarias de los procesados en el sistema financiero nacional.
Amenaza de bomba obligó a evacuar el Complejo Judicial Norte
La lectura de la resolución tuvo que interrumpirse después de que el juez Geovanny Freire recibiera una alerta sobre una amenaza de bomba y la disposición de evacuar el edificio judicial.
Mientras exponía los fundamentos de su decisión, el magistrado informó que debía abandonar la sala, pero anunció que buscaría la manera de conectarse nuevamente para continuar con la audiencia. También pidió a los sujetos procesales que participaban mediante Zoom que permanecieran conectados.
Minutos después, la secretaria de la diligencia evacuó la sala de audiencias y solicitó igualmente a los participantes que no abandonaran la conexión virtual.
La alerta se originó tras el abandono de una maleta en el ingreso principal del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y la calle Pereira, en el norte de Quito. La Policía activó los protocolos de seguridad y evacuó al personal judicial y a los ciudadanos que se encontraban dentro y en los alrededores del edificio.
Durante la inspección del equipaje, los agentes encontraron cápsulas detonantes que no habían sido activadas. Posteriormente, personal de la Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional realizó una detonación controlada para neutralizarlas.
Las primeras investigaciones también identificaron que la persona que dejó la maleta huyó en dirección a la calle Villalengua, junto al complejo judicial. En ese trayecto habría arrojado una funda de basura que contenía un papel con una amenaza escrita: "Si siguen van a empezar a morir gente que no tiene nada k ver".
De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso habría abordado una motocicleta que lo esperaba en la vía y escapado del lugar. La Policía mantiene las investigaciones para identificarlo y establecer su paradero.
La audiencia se reanudó cerca de las 11:00, casi una hora después de la suspensión. Por razones de seguridad, el juez fue trasladado a otra oficina desde donde continuó la lectura de la resolución y comunicó el llamamiento a juicio de los siete procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio.