Emergencia eléctrica

Caso Progen: No hay ningún mecanismo que le permita al Estado recuperar los USD 105 millones desembolsados, según exdirectora del Sercop

Progen y ATM son las dos empresas contratistas del Estado que debían incorporar generadores eléctricos en el marco de la emergencia, sin embargo, hasta el momento, ninguna ha cumplido con sus licitaciones.

En 10 días, la empresa Progen, encargada de la instalación de motores de generación en Salitral y Quevedo, deberá responder a la notificación de CELEC de terminar unilateralmente el contrato con la firma, según informó la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo. Se trata de dos licitaciones que, juntas, habrían incorporado 150 megavatios al sistema nacional interconectado y debieron estar listas para noviembre del año pasado.

Estos mismos contratos están en la mira de la Contraloría General del Estado. Son licitaciones ejecutadas en el marco de la emergencia energética declarada en abril del 2024 para enfrentar el periodo de estiaje.

Los análisis de la Contraloría se enmarcan entre el 1 de enero del 2023 y el 13 de diciembre del 2024. La institución examina la fase de las contrataciones, la utilización de bienes, servicios, consultorías y obras, en las unidades de negocio Termopichincha, Termoesmeraldas, Termomanabí e Hidronación.

Desde Progen, la versión es distinta. La firma estadounidense apuntó a CELEC por "no actuar correctamente" en el contrato para la instalación de los generadores. De acuerdo con la empresa, la corporación estatal impuso "retrasos injustificados" y "obstáculos innecesarios" que dificultaron cumplir con lo acordado.

Progen insistió en que la ejecución del proyecto en Salitral presenta un avance del 90%, mientras que justificó los retrasos en la licitación de Quevedo, debido a atrasos en el primer desembolso. Además, la empresa advirtió que se alista una demanda de arbitraje internacional para solventar la situación con CELEC.

María Sara Jijón, exdirectora del Sercop, recordó que los contratos, tanto de Progen como de ATM, fueron suscritos en el marco de la emergencia eléctrica decretada por el presidente Daniel Noboa y ratificada, vía acuerdo, por el Ministerio de Energía. Al ser licitaciones de este tipo, debían completarse en los primeros 90 días y, en un caso extremo, el contratista podía solicitar días adicionales para el cumplimiento del contrato. Algo que, luego de seis meses, no ha sucedido.

De acuerdo con Jijón, el primer incumplimiento se relaciona a que los generadores en Salitral y Quevedo no entraron en operación en el plazo asignado. A esto, se suma que se entregaron recursos que bordean el 70% del valor total. Es decir, se desembolsaron USD 105 millones sin contar con un avance en la ejecución del contrato. Y es justamente la licitación la que, según Jijón, no estipula ningún mecanismo para que CELEC recupere los fondos acreditados a Progen.

Otro de los problemas, según Jijón, es el proceso de arbitraje internacional que deberá enfrentar el país tras la advertencia emitida por Progen, la cual, en un cruce de acusaciones, apunta a CELEC por incidir en el incumplimiento.

"Más allá de los incumplimientos por parte de una empresa evidentemente irresponsable, tiene que haber administradores de contratos y responsables al nivel más alto", dijo Jijón, al considerar que, de ser el caso, la Contraloría y la Fiscalía deben intervenir.

ATM, un contrato con generadores incompatibles

El otro contrato suscrito en el marco de la emergencia eléctrica fue con la empresa ATM, la cual, también ha incumplido en su licitación. Los generadores, en este caso, llegaron al país con retraso. Sin embargo, estos son incompatibles con el sistema eléctrico del país.

Para solventar esta situación, la contratista planteó tres opciones:
• Instalar convertidores de frecuencia que llegarían entre 1 y 8 meses por un costo de USD 11.5 millones
• Incorporar rebobinadores que arribarían en 9 meses por un valor de USD 7.2 millones
• Agregar alternadores que llegarían en 4 meses a un precio de USD 7.45 millones

De acuerdo con Jijón, esta licitación también tendría incumplimientos, e incluso, apuntó a que la responsabilidad de la contratación pública recae sobre CELEC y la Unidad de Negocio Específica que realizó la licitación.

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