Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe y recomienda al pleno de la Asamblea dar paso a la proforma presupuestaria de 2027

Con ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó la tarde de este miércoles 4 de noviembre el informe no vinculante para el único y definitivo debate de la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. 

Tras dos intensas jornadas de comparecencias técnicas durante el feriado nacional, la mesa legislativa resolvió recomendar al pleno la aprobación del proyecto fiscal gubernamental, fijado en un monto total de USD 50.213 millones, junto con la programación presupuestaria cuatrianual. El dictamen concluye que el instrumento económico remitido por el Ejecutivo cumple con las disposiciones de la Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Las siete recomendaciones clave del informe legislativo

El documento aprobado en sesión virtual no solo aconseja refrendar la proforma fiscal, sino que incorpora siete recomendaciones específicas orientadas al control del gasto y a la fiscalización parlamentaria:

1. Aprobación de la proforma 2027: Avalar la planificación financiera plurianual y anual presentada por el Gobierno al ajustarse al marco legal y constitucional vigente.
2. Seguimiento a los presupuestos universitarios: Vigilar el desembolso y la adecuada distribución de los recursos destinados a las instituciones de educación superior públicas del país.
3. Actualización de la programación de la deuda: Exigir al Ministerio de Finanzas la actualización continua de la curva de amortizaciones y compromisos de deuda pública interna y externa.
4. Garantía en servicios esenciales: Asegurar que las partidas presupuestarias garanticen la continuidad ininterrumpida de las prestaciones en áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana.
5. Control de ejecución presupuestaria: Implementar revisiones periódicas desde el Parlamento para fiscalizar el nivel de cumplimiento del gasto corriente y de inversión de los ministerios ejecutores.
6. Sostenibilidad del plan de inversiones: Monitorear el financiamiento y avance físico de los proyectos de infraestructura pública en ejecución.
7. Transparencia en reglas fiscales: Supervisar la consistencia entre los ingresos permanentes y no permanentes proyectados para evitar ensanchamientos imprevistos de la brecha fiscal.

Jornadas extraordinarias de feriado y comparecencias técnicas

El trámite del presupuesto se aceleró bajo la conducción de la presidenta de la mesa, la asambleísta Valentina Centeno (ADN), quien convocó a sesiones continuas los días lunes 2 y martes 3 de noviembre. En esas jornadas intervinieron autoridades económicas y delegados ministeriales para defender la viabilidad del ejercicio financiero.

El viceministro de Finanzas, Miguel Hernández, expuso que el presupuesto para 2027 contempla ingresos por USD 34.427 millones frente a gastos por USD 38.838 millones, arrojando un déficit fiscal proyectado de USD 4.412 millones, equivalente al 3,1% del producto interno bruto (PIB). 

El funcionario destacó que esta cifra supone una reducción de USD 1.014 millones frente al desbalance de la proforma 2026, respaldada en un cálculo macroeconómico que prevé un crecimiento económico real del 2,5%, una inflación promedio anual del 2,2% y un valor de USD 66 por barril de crudo de exportación. Las necesidades de financiamiento público para sostener el presupuesto se cifraron en USD 13.671 millones.

Por el lado tributario, el Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de Judith Guedes, expuso una meta neta de recaudación de USD 20.703 millones (con una proyección bruta de USD 25.727,5 millones), sustentada en una mayor eficiencia y combate al fraude fiscal sin necesidad de crear nuevos impuestos. En tanto, Edwin Zumba, subsecretario general de Planificación, justificó que el Plan Anual de Inversiones (PAI) crecerá un 23% hasta alcanzar los USD 3.000 millones para financiar 301 proyectos nacionales, destinando más del 30 % al área social.

Distribución sectorial y prioridades del gasto estatal

Durante las exposiciones recopiladas en el informe aprobado, los delegados de las carteras de Estado detallaron las asignaciones fijadas para el próximo ejercicio:

• Educación y Universidades: El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura manejará USD 6.888,31 millones (con USD 163,5 millones para inversión). De ese monto de inversión, USD 68,4 millones irán directamente a becas y talento humano en educación superior. Además, se ratificó que las universidades públicas recibirán una asignación de USD 1.652 millones, lo que representa un aumento global de USD 129 millones (6,37%) frente a 2026.
• Infraestructura y Obras Públicas: El Ministerio de Infraestructura y Transporte contará con USD 765,5 millones. De ellos, USD 717,4 millones se canalizarán a inversión directa para impulsar 52 obras viales en el país, combinando 28 proyectos en marcha y 24 nuevas contrataciones programadas para 2027.
• Salud y Seguridad: El sector salud dispondrá de USD 5.538,53 millones para garantizar la operatividad de centros asistenciales y abastecimiento médico. En seguridad, Defensa recibirá USD 1.945,57 millones y el Ministerio del Interior contará con USD 210,36 millones para reforzar las capacidades tácticas de la fuerza pública.
• Gasto Social y Asignaciones Territoriales: El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano dispondrá de USD 2.372 millones para cubrir programas de protección social dirigidos a más de 2,18 millones de personas. A la par, las transferencias para la seguridad social (IESS, Isspol e Issfa) ascenderán a USD 3.955 millones, los bonos sociales alcanzarán USD 1.471 millones y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) recibirán USD 4.345 millones, marcando un alza de USD 618 millones.

El tablero en el pleno: plazos y reglas constitucionales

Tras la aprobación de este informe de mayoría dentro de los plazos legales, la presidencia del Legislativo deberá convocar a sesión para someter el dictamen al único debate en el pleno de la Asamblea Nacional.

De acuerdo con el mandato constitucional, la Legislatura cuenta con un plazo improrrogable de 30 días desde la recepción de la proforma para pronunciarse. El pleno tendrá la facultad exclusiva de aprobar u observar el presupuesto por sectores de ingresos y gastos, sin que en ningún caso los legisladores puedan alterar el monto global de USD 50.213 millones. 

En caso de que venza el periodo de 30 días sin que exista un pronunciamiento expreso de la Asamblea, la proforma y la programación cuatrianual entrarán en vigencia de manera automática por el ministerio de la ley, tal como fueron elaboradas por el Ejecutivo.