Renovación de contratos

Compromisos de las operadoras telefónicas deben ser controlados por el Estado, señala exministra de Telecomunicaciones

Con la renovación de los contratos del espectro radioeléctrico a las compañías de telecomunicaciones Conecel y Otecel, el Gobierno ecuatoriano prevé recibir ingresos por un total de USD 1.550 millones hasta 2038.

Según Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones, por el uso del espectro radioeléctrico Conocel (Claro) pagará a Ecuador USD 597 millones, mientras que Otecel (Tigo) cancelará USD 282 millones. En rueda de prensa, Kury explicó que el monto total acordado en la negociación es de USD 1.550 millones, de los cuales USD 880 millones corresponden a la concesión del espectro radioeléctrico y USD 670 millones a tasas regulatorias.

Además, en estos 15 años que tiene duración el contrato (desde 2023, cuando terminaron los anteriores), el Gobierno tiene previsto recibir USD 670 millones adicionales en tasas, impuestos y porcentaje de ventas.

En NotiMundo al Día, Vianna Maino, exministra de Telecomunicaciones, resaltó la importancia de la renovación de los contratos con las operadoras de telefonía móvil, para garantizar la continuidad, estabilidad y competitividad del servicio para los usuarios. 

Esa misma seguridad se traslada a las empresas, dijo Maino, para que puedan invertir en el país. 

"En tecnología y telecomunicaciones, las inversiones son un rubro sumamente importante", apuntó.

Maino explicó que se debe invertir, por lo menos, de 10% a 15% de ingresos de las telecomunicaciones para mantener actualizado el despliegue y la competitividad tecnológica. La exministra destacó que con la renegociación se da paso a que las empresas operadoras puedan invertir en infraestructura, equipamiento y arquitectura tecnológica, lo que se traduce en un mejor servicio para los usuarios, como una mejor cobertura. 

Recordó que dentro de los acuerdos establecidos también constan algunas obligaciones, como migrar la cobertura de 2G y 3G a 4G; así como el despliegue de la tecnología 5G. "Le corresponde al Estado y a los Gobiernos controlar que las obligaciones que han adquirido las operadoras se cumplan", apuntó.

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