"Nadie está por encima de la ley", afirmó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, tras conocerse la sentencia contra 11 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, condenados a 34 años y 8 meses de prisión por la desaparición forzada de cuatro niños del sector Las Malvinas, en Guayaquil.
La funcionaria recalcó que todo servidor público, sin importar su rango o institución, debe asumir las consecuencias legales cuando vulnera normas o derechos, y expresó su solidaridad con las familias de Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda.
Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron detenidos por una patrulla militar en diciembre de 2024 cuando salieron a jugar fútbol y posteriormente sus cuerpos fueron hallados incinerados, con impactos de bala y signos de tortura.
En el fallo judicial, otros cinco uniformados que cooperaron con la investigación recibieron penas reducidas, mientras que uno fue absuelto. El caso generó conmoción nacional y reavivó las alertas de organizaciones de derechos humanos sobre presuntos excesos de las Fuerzas Armadas en el contexto de la estrategia de seguridad vigente desde 2024.
