Análisis de la Contraloría
La emergencia energética que enfrentó el país el año pasado se oficializó en agosto, cuando el Gobierno inició la contratación de megavatios adicionales para enfrentar los apagones. En el caso de Progen, la empresa estadounidense estuvo encargada de la instalación de motores de generación en Salitral y Quevedo con una potencia de 150 megavatios, mientras que Austral Technichal Management (ATM) debía incorporar 91 megavatios en Esmeraldas. Pero los tres contratos fueron observados por la Contraloría.
El pasado 14 de julio, se aprobó el informe de ATM en el que se determinó que los generadores no eran nuevos, sino que fueron usados del 2016, y son incompatibles con la frecuencia eléctrica del país. El contralor Mauricio Torres reveló que, en la licitación, otra empresa que no era Austral tenía mejores condiciones, sin embargo, no fue elegida. Esto, dijo, levanta una presunción de tráfico de influencias.
"Los servidores sabían lo que iban a adquirir. El mismo fabricante establece que ellos vendieron lo que se les pidió. Parece que existe aquí un acto de mala fe", dijo.
De acuerdo con Torres, los contratos arrojaron indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal, e incluyen no solo los mandos medios, sino también "las cabezas". Explicó que los gerentes de empresas públicas son los encargados de suscribir los documentos, pero en algunas ocasiones, delegan a funcionarios de rango inferior para la firma de los contratos.
"Ellos delegaron, pero no les exime de responsabilidad", señaló.
Indicios en Progen
En el caso de Progen, los informes fueron aprobados la noche del lunes 21 de julio. De acuerdo con el Contralor, se identificaron glosas por USD 54 millones y USD 70 millones en ambos contratos. Pero el análisis en esta situación, tiene sus particularidades.
En esta ocasión, no se pudo determinar si los motores de generación eran nuevos o usados, debido a que permanecían cubiertos y podrían perder las garantías. Sin embargo, las irregularidades se evidenciaron en los contratos, en los que también se ofrecían generadores nuevos y por sus propios fabricantes que no es Progen.
Al contactarse con el verdadero fabricante, reveló Torres, este dijo no haber vendido nunca un equipo a Progen.
"Todos los que participaron en este proceso han sido responsabilizados y están con indicio de responsabilidad penal en la Fiscalía y administrativas y civiles de la Contraloría", sostuvo. Con respecto a los nombres de los implicados en indicios de responsabilidad penal, el Contralor dijo que estos no pueden revelarse, debido a que podría incurrir en un delito.
Si bien Torres no adelantó cuál sería el monto de recuperación en cuanto a las garantías de los tres contratos, precisó que la institución trabajará en la recaudación de montos pendientes.
Irregularidades en patrimonios de servidores judiciales
La Contraloría analiza también las declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales. Son 114 informes aprobados, de los cuales, 60 arrojaron indicios de responsabilidad penal. Es decir, según el Contralor, son más del 50% de los documentos revisados.
Uno de los casos, relató Torres, es de jueces que perciben salarios entre USD 4.000 y USD 5.000, pero reportan ingresos de entre USD 2 y USD 3 millones, cuando lo normal sería USD 60.000. Estas irregularidades, señaló el Contralor, fueron remitidas a la Fiscalía para determinar posibles implicaciones penales.
Además, la Contraloría terminó análisis a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. A esto, se suman análisis a exasambleístas, de los cuales, 70 están en curso. Por otro lado, dijo, están en curso, exámenes a la Agencia Municipal de Tránsito de Manta, la empresa del Registro de la Propiedad y entidades de Durán, tras los pedidos del Ministerio del Interior.
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