Crimen organizado y minería ilegal desafían la estrategia de seguridad del Gobierno
Casi dos años después de la declaratoria de conflicto armado interno, el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal son los principales flagelos que enfrenta el país en términos de seguridad.
Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública, señaló que, pese a que la violencia sigue en aumento, este fenómeno es una reacción a la presión estatal ejercida por las Fuerzas del Orden. Si bien ponderó la labor de la Policía y las Fuerzas Armadas, reconoció una limitación severa en la cooperación internacional con países vecinos, especialmente por la falta de control en la frontera con Colombia y otros territorios que permiten la permeabilidad de estructuras ilícitas y dificultan la lucha conjunta.
El repunte de la criminalidad se evidenció desde el 2023, según Bravo, y a su criterio, el Estado muestra reacciones insuficientes, lo que indica una deuda pendiente en la aplicación eficaz de estrategias. A esto, señaló, se suman deficiencias en el sistema carcelario y su baja capacidad de rehabilitación social, más allá de un aspecto netamente punitivo.
Otros problemas, de acuerdo con Bravo, son la corrupción interna y la falta de una política de Estado clara y unificada. Cuestionó que, recientemente, no existan objetivos claros, plazos y metas nacionales para combatir el crimen organizado desde un marco integral.
Desde un componente social, dijo Bravo, se resalta la importancia de que el Estado brinde trabajo, educación, salud y apoyo financiero para que las comunidades no dependan exclusivamente de actividades ilegales vinculadas al narcotráfico. Insistió en que sin estas alternativas, la violencia y criminalidad se trasladarán a otros territorios.
Frente a esto, Bravo propuso una política de seguridad integral, que combine la presión coercitiva con el fortalecimiento institucional para atacar la minería ilegal, controlar contrabando de droga, mejorar aduanas y reforzar elementos sociales como educación y deportes.
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