Reforma penitenciaria

Daniel Noboa emite reglamento para el sistema carcelario

Nuevo decreto elimina normativa anterior y plantea controles más estrictos, incluyendo bloqueo de comunicaciones y prohibición de efectivo.

El presidente Daniel Noboa dispuso una reestructuración del sistema penitenciario con la emisión de un nuevo reglamento que introduce cambios profundos en la gestión de las cárceles del país, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

La normativa reemplaza disposiciones vigentes desde 2020 y redefine el manejo del sistema de rehabilitación social, estableciendo niveles claros de administración y concentrando funciones operativas en el organismo encargado de ejecutar las políticas penitenciarias.

Entre las principales medidas, se incluyen mecanismos para limitar la comunicación de los internos con el exterior, como la instalación de inhibidores de señal y el control de llamadas mediante sistemas tecnológicos. Además, las visitas y contactos serán monitoreados con mayor rigurosidad.

El decreto también contempla un régimen diferenciado para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, con la posibilidad de aplicar traslados inmediatos y condiciones más restrictivas dentro de los centros.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación del uso de dinero en efectivo dentro de las cárceles. Las transacciones en economatos deberán realizarse de forma electrónica, con límites establecidos para evitar el manejo irregular de recursos.

Asimismo, se introducen ajustes en el uso de dispositivos de vigilancia electrónica, cuyo costo ya no será cubierto en su totalidad por el Estado, y se establece un nuevo sistema para evaluar beneficios penitenciarios, centralizando estas decisiones en una instancia nacional.

La normativa también dispone la creación de espacios separados para contraventores, como deudores de pensiones alimenticias y personas sancionadas por infracciones de tránsito, con el fin de evitar su convivencia con internos vinculados a delitos graves.

Con estas acciones, el Ejecutivo busca reforzar el control dentro de los centros carcelarios, reducir la incidencia del crimen organizado y recuperar la gobernabilidad en el sistema penitenciario.