Defensa de la familia de María Belén Bernal denuncia irregularidades y evalúa recurso de casación
En NotiMundo al Día, Juan Pablo Albán, abogado defensor, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, señaló que a lo largo de estos 14 meses, tiempo que la Corte dejó transcurrir desde que concluyó la audiencia el 10 de abril de 2024 para anunciar su decisión, se han dado actuaciones "bastante extrañas".
Albán dijo que las posibilidades de discusión a nivel interno, en este momento, se limitan al planteamiento o no de un recurso de casación. Sin embargo, recordó que existe una sentencia de la Corte Constitucional "desafortunada", porque desconoce el derecho de la víctima de cuestionar la justicia o injusticia de la decisión de la autoridad y limita la posibilidad de impugnación al pedido que se plantee por parte de la Fiscalía.
"Dependemos de la evaluación que la Fiscalía haga para que se plantee o no el recurso de casación; igual lo plantearemos, pero seguramente la argumentación de la defensa técnica de los procesados y la posición de los jueces es que hay sentencia de la CC. Cuando les conviene respetan a la Corte, y cuando no, la descalifican", agregó.
Una de las actuaciones sospechosas señaladas por Albán, es que la Corte declaró reservada la audiencia, impidiendo la presencia del público. El jurista recordó que, de acuerdo al Artículo 76 de la Constitución, todos los procesos son públicos, salvo excepciones (cuando están involucrados menores de edad o cuando se trata de delitos contra la seguridad del Estado).
"La decisión de declarar reservada la audiencia tenía fundamento en la presunta seguridad, tranquilidad y derechos de la víctima. ¿Quién es la víctima? No solo María Belén, sino su madre y su hijo. Ninguno de ellos pidió la reserva", declaró.
Otra de las irregularidades es que la Defensoría del Pueblo hizo vigilancia del debido proceso mientras el mismo se sustanció de manera escrita. Sin embargo, posteriormente, el delegado de la Defensoría fue sacado de la audiencia.
"También es sospechoso que, habiendo tenido la obligación legal de pronunciar la decisión el 10 de abril de 2024, durante 14 meses no se pronuncien, pese a las insistencias que presentamos", cuestionó.
El voto salvado de uno de los integrantes de la sala también genera sospechas para Albán, frente al voto de mayoría, porque la sala ha sido objeto de presiones por sujetos externos a las partes y, por ende, la regla de imparcialidad no se está cumpliendo.
En cuanto a las declaraciones de Gladys Terán, abogada del teniente Alfonso Camacho, respecto de que la Fiscalía y la defensa de Bernal "necesitan" una sentencia contra su defendido, para así declarar una responsabilidad del Estado en este crimen, Albán señaló que Terán desconoce derecho internacional de los Derechos Humanos (DD.HH.), porque "no se trata de si es Cáceres o Camacho", sino una discusión sobre si el Estado aseguró o no que fueran reparadas las violaciones a los DD.HH.
"Las violaciones a los DD.HH. empiezan cuando una persona es asesinada al interior de un reparto policial por parte de un funcionario del Estado, prevalido de su condición de agente del poder público; se cometieron cuando la institución policial trató de encubrir y cuando el Estado no tiene una política de prevención contra la violencia femicida", apuntó.
La discusión en sede internacional se continuará sin Terán, dijo Albán, debido a que el tema en discusión no es si Camacho es o no responsable del crimen, sino sobre si las autoridades de justicia decidieron o no de manera acorde a la prueba, la ley y garantizando el debido proceso.
"Es horrendo escuchar a María Belén Bernal gritar por 10 ocasiones, pidiendo auxilio", recordó Albán. Además, insistió en que Camacho fue a la habitación de Cáceres pero se retiró al escuchar la orden del femicida.
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