Audiencias públicas
Por más de ocho horas, los nueve jueces de la Corte Constitucional escucharon los argumentos de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y los accionantes de las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley de Solidaridad Nacional.
Entre los mayores argumentos expuestos están los vicios en el trámite de la normativa y la falta de concordancia entre la calificación de ley económico urgente y su contenido.
Para el abogado constitucionalista, André Benavides, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo justificaron por qué las reformas penales y judiciales son urgentes en materia económica. Recordó que, en la propia Ley de la Función Legislativa se establece que una normativa de esta naturaleza debe responder a dos causales: un problema económico fuerte o que el proyecto genere un equilibrio de las finanzas públicas.
Según Benavides, la Ley de Solidaridad Nacional no incluye ningún artículo relacionado a la urgencia en materia económica, salvo una contribución para el conflicto armado interno. A su criterio, no puede desconocerse a la seguridad como prioridad en el país, pero no debe usarse a la normativa como pretexto para incluir dentro de un proyecto que no reviste este tipo de temáticas.
"Ese argumento de que todo es económico, se cae por su propio peso. La defensa del Ejecutivo y el Legislativo ha sido deficiente en estos puntos, más allá de las cuestionen de fondo que han sido impugnadas", dijo.
El jurista recordó que, durante el primer y segundo debate, la Legislatura no acogió las advertencias del gremio de profesionales del derecho acerca de vicios de inconstitucionalidad de la ley. Sin embargo, estas observaciones no se acogieron por parte del Parlamento.
"Es la crónica de una muerte anunciada", sostuvo.
Ahora, la resolución de las demandas de inconstitucionalidad recae sobre la Corte Constitucional y que, según Benavides, debe emitir un pronunciamiento con efectos posteriores a la decisión. Esto, para evitar que detenciones generadas con la Ley sean declaradas en nulidad.
Por otro lado, para reducir las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte, Benavides consideró que los jueces podrían optar por modular los efectos del fallo, a través de la emisión de una sentencia de constitucionalidad condicionada.
"Yo creo que van a bajar las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional", sentenció.
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